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Buenos Aires/Sputnik
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el martes que no optará por ningún cargo electivo en las elecciones generales que celebrará el país el año que viene, tras conocerse la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que recibió por administración fraudulenta.
«No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora», sentenció la exmandataria (2007-2015) tras recibir el veredicto en el juicio que investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión y la de Néstor Kirchner (2003-2007).
En este veredicto histórico, que por primera vez condena a una vicepresidenta en el ejercicio de su cargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de la ciudad de Buenos Aires sentenció a Fernández a una pena de seis años de prisión, además de dictar su inhabilitación especial perpetua para acceder a cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
FUNDAMENTOS
Al justificar su fallo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, señalaron que hubo «una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional» y que la vicepresidenta tuvo «un interés manifiesto sobre el plan criminal».
Según los magistrados, hubo evidencia de que «las obras viales licitadas en esa provincia (Santa Cruz) fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez», también condenado a seis años de reclusión.
«De haberse cumplido con la observancia de las normas vinculadas con la actividad (…) el ambicioso plan de obra vial pensado para la jurisdicción hubiera podido ejecutarse con la participación de otras empresas», señalaron los jueces.
El juicio, por el que pasaron más de un centenar de testigos durante los tres años y medio que tuvo de duración, tenía once acusados más.
Todos ellos recibieron penas de prisión que oscilan entre los tres años y seis meses y los seis años de reclusión por el delito de administración fraudulenta, pero no por el de asociación ilícita, que también impulsaban los fiscales.
Fernández enfrentaba un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, por considerar que direccionó 51 proyectos de obra pública en favor de Báez.
«Fue la maniobra más grande de corrupción en la historia del país», llegó a decir en agosto Luciani, durante su alegato.
RESPUESTA A LA CONDENA
Al referirse a la condena, la también presidenta del Senado aseguró que esta «ya estaba escrita» y que era atribuible a «un Estado paralelo y a la mafia».
Desde su despacho en la Cámara alta, Fernández aseguró que fue sentenciada «porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de derechos del pueblo».
Durante una extensa comparecencia a través de las redes sociales, la exmandataria se refirió a unas filtraciones destapadas el fin de semana que dan cuenta de cómo varios jueces federales, un ministro, un fiscal, un empresario y dos directivos del grupo de medios Clarín coordinaron una coartada falsa para justificar un viaje en un vuelo privado a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro (sur), y su estadía en la estancia del empresario británico Joe Lewis.
Entre los involucrados estaba el juez federal Julián Ercolini, que fue el magistrado que elevó a juicio oral la causa por la que ahora fue condenada la vicepresidenta.
Junto a Ercolini viajó también su colega Carlos Mahiques, miembro de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal del país, que deberá pronunciarse sobre la apelación que presentará la vicepresidenta respecto a la sentencia condenatoria.
Junto a otros funcionarios, estos magistrados se organizaron a través de un grupo de Telegram para difundir una coartada falsa que justificara el viaje, el cual habría financiado el Grupo Clarín, el conglomerado mediático más importante del país.
Tras comentar parte de los mensajes que intercambiaron, la ex jefa de Estado se dirigió en particular a Héctor Magnetto, dueño del Grupo Clarín, al enfatizar que el 10 de diciembre de 2023, día en que asumirán las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo, no tendrá fueros que la protejan.
«Así que le va a poder dar orden a los esbirros de Casación (el tribunal penal más importante del país) y a la Corte Suprema (de) que me metan presa, pero mascota de usted, nunca», zanjó visiblemente emocionada.
La ex jefa de Estado recordó que en cuatro ocasiones (2003, 2007, 2011 y 2019) fue electa por mandato popular, pero que no pensaba perjudicar a la coalición gobernante, Frente de Todos, con una candidatura.
En esa línea, Fernández insistió en que su nombre no estará en ninguna papeleta electoral y que cuando termine la actual gestión, el 9 de diciembre del año que viene, desistirá de continuar en la función pública.
«Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua; me van a poder meter presa después del 10 de diciembre, siempre que a algún empresario no se le ocurra financiar a algunas bandas de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro», sentenció.
Fernández, que puede recurrir el veredicto ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que la sentencia no está firme, asume que en esta instancia también verá ratificada su condena.
En ese caso, la vicepresidenta también tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.
El caso que dio inicio al juicio partió de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Ésta ha sido la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual comenzó el 21 de mayo de 2019.
