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Por Álvaro Villalobos
Barcelona/AFP
El número dos del gobierno catalán, Oriol Junqueras, advirtió este sábado que la oferta de diálogo formulada a Madrid debe tener como «referencia» la independencia futura de la región, lo que cierra un poco más la puerta a un entendimiento entre ambas partes.
Las calles de Cataluña están reteniendo la respiración a pocas horas de que expire, el lunes por la mañana, el plazo dado por el gobierno central de Mariano Rajoy al presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont.
Éste debe clarificar si el martes pasado declaró o no la secesión ante el Parlamento regional. Aquel día, Puigdemont causó un gran desconcierto, ya que declaró unilateralmente la independencia pero la suspendió de inmediato, como «gesto» de buena voluntad con el que propiciar un diálogo o incluso una mediación internacional.
Si este lunes responde a Rajoy que sí declaró la independencia, tendrá hasta el jueves para rectificar, y si no lo hace, el gobierno español está dispuesto a intervenir la amplia autonomía de que goza Cataluña, a través del artículo 155 de la Constitución.
Dicha medida, nunca aplicada en 40 años de democracia en España, podría sacar a la calle a cientos de miles de independentistas, organizados en toda Cataluña de forma reticular a nivel de barrios y comarcas, y muy expectantes del desarrollo de los acontecimientos.
En este contexto, Junqueras declaró este sábado ante la dirección del partido que preside, Esquerra Republicana de Catalunya, que «la mejor manera de hacer la República, de hacer la independencia, es poder hacerla dialogando con todos, como mínimo con la comunidad internacional».
No obstante, «para que el diálogo tenga alguna expectativa de fructificar (…) necesita tener como referencia la construcción de la República y nuestro compromiso con la independencia».
Los independentistas se amparan en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia española. Pese a que no contó con las exigencias habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido, y asegura que en él hubo un 90% de síes a la independencia, con una participación del 43%.
En ese sentido, Junqueras manifestó el apoyo de su partido al presidente Puigdemont, para que cumpla «el mandato del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana».
Madrid quiere una respuesta clara
Puigdemont se encuentra actualmente bajo una tremenda presión.
En contra tiene a la justicia española, que lo está investigando a él y a su gobierno por presuntos delitos como el de «desobediencia», y también al empresariado catalán, que ante la incertidumbre política sacó de la región la sede social de sociedades importantes como Gas Natural o los bancos Caixabank y Sabadell. Del 2 hasta el 11 de octubre, 540 sociedades habían trasladado su sede social.
Por otro lado, el ala más dura del soberanismo lo anima desde las instituciones y la calle a que ponga encima de la mesa una declaración formal e inequívoca de independencia, para fortalecer su posición ante el ejecutivo central y la comunidad internacional.
Este sábado, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, dejó claro que el ejecutivo de Rajoy no se va a contentar con una respuesta confusa al requerimiento de si declaró o no la independencia el pasado martes.
«Si contesta con una ambiguedad significará que no quiere el diálogo, y por tanto el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, que le ha tendido la mano de una manera muy sincera, tendrá que aplicar las medidas que correspondan», declaró el ministro.
Al hilo de esas «medidas», Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña (que gobierna en España pero es muy minoritario en la región) se mostró a favor de aprovechar el artículo 155 para intervenir competencias muy delicadas, como son la educación pública y la policía regional catalana.
Según él, «no puede ser que el gobierno de la Generalitat haya convertido o pretenda convertir a los Mossos d’Esquadra en un instrumento en favor del proceso independentista».
