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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“El Informe de la Comisión de la Verdad debería ser estudiado de manera ávida por la sociedad salvadoreña, porque nos debería decir a dónde como sociedad no debemos regresar, porque debemos de estar claros que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”, sintetizó David Ortiz, de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández, quien junto a la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador sentaron postura en el trigésimo primer aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad.
Luego de 32 años de haber finalizado la guerra aún no existe una Ley de Justicia Transicional; la actual Asamblea pese a ser “nueva” con una correlación que fácilmente podría aprobarla, no lo ha hecho. Ya que aprueban, únicamente lo que llega de Casa Presidencial.
En ese sentido, Ortiz sostuvo que “el legislativo ha pasado a ser un mero pasa-papeles del Ejecutivo. El tema de las víctimas al grupo gobernante no le interesa y si no le interesa no va a mandar ninguna medida legislativa para que este tema pueda ser legislado; las víctimas, de nuevo, continúan siendo burladas e ignoradas por el Estado”.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal, destacó que, a más de tres décadas de los Acuerdos de Paz y el informe, la parte central no ha sido cumplida. En ese sentido, denunció que las mismas condiciones aún se mantienen pese haberse anulado una amnistía, “todavía persiste la impunidad, no hay una sanción a los responsables (de los crímenes)”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos plantearon que la guerra y los Acuerdos de Paz “no fueron una farsa”, tal y como lo plantea el actual Gobierno. “Los miles de víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos dan fe de la página más oscura de nuestra historia reciente”. A pesar de haber transcurrido varias décadas de haber finalizado el conflicto armado, el Estado salvadoreño “sigue amparando la impunidad de los victimarios y olvidando a las víctimas”.
El informe de la Comisión de la Verdad fue parte central de los Acuerdos de Paz, el objetivo de la medida fue investigar los graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador entre 1980 y 1991, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. En el proceso hubo más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia, más del 60% corresponden a ejecuciones extrajudiciales, más del 25% a desapariciones forzadas y más del 20% a torturas. Todos estos casos continúan en la impunidad. El conflicto armado dejó más de 75 mil fallecidos y desaparecidos.
Después de 32 años del fin de la guerra, los pocos avances que se lograron impulsar, “están siendo desmantelados de forma acelerada”, a juicio de las organizaciones, ya que la militarización de la sociedad, la impunidad, corrupción, el uso patrimonial del Estado, la depreciación del Estado de Derecho, caracterizan a nuestra sociedad, mientras aumenta la pobreza, el desempleo, la migración, la falta de acceso a los alimentos en la población, salud, educación y la falta de rendición de cuentas”.
Asimismo, la implementación del régimen de excepción de forma permanente “ha significado el despojo de los derechos humanos básicos a toda la población. Siendo que, cualquier persona puede ser privada de libertad de forma permanente sin tener acceso a un debido proceso, jueces independientes o la presunción de inocencia”, explicaron las organizaciones.
Resultado de ello, existe abuso de poder, “el Estado salvadoreño ha asesinado en la cárcel a más de doscientas personas, cifra que supera el total de homicidios ocurridos en el año 2023 y mantiene un estado de terror en la población”.
Una de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad fue fortalecer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero “¿existe la PDDH en el año 2024?”, cuestionó David Ortiz, en referencia a la inactividad de esta institución ante las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en el régimen de excepción con personas que nada tienen que ver con pandillas.
Las organizaciones sostuvieron que la sociedad no puede renunciar a la memoria, ya que “nos dice hacia donde no debemos regresar: las dictaduras, militarismo, violaciones generalizadas de los derechos humanos”. Hoy por hoy el Estado salvadoreño “sigue en deuda con las víctimas de la guerra que continúan exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
A esto sumándole que no existe una Ley de Justicia Transicional para garantizar los 4 puntos antes mencionados, pese a que existen diversas propuestas de ley de reparación o justicia transicional que han sido engavetadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
“Para nosotros, no hay reparación, el Estado nunca se ha preocupado y lejos de eso, trata de esconder la historia para que la gente no tenga ese análisis de ver lo que ocurrió y no volver a pasar por lo mismo”, comentó Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal.
Estas organizaciones defensoras de derechos humanos fueron invitados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para aportar en el tema de una Ley de Justicia Transicional y Reparaciones que, en su momento, la instancia legislativa estudió, pero “fuimos burlados”, planteó Alejandro Díaz ya que no se sacó un producto legislativo a favor de las víctimas del conflicto armado.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, concluyó que en la actual legislatura “ha habido una actitud de burla, al convocar a varias organizaciones que nunca las tomaron en cuenta; esas leyes, las tiene engavetadas y es propuesta de las víctimas del conflicto armado y de las organizaciones de derechos humanos. A este Gobierno, no le interesa en lo absoluto una justicia para las víctimas”.
