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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Colectivos de víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos presentaron por tercera ocasión ante la Asamblea Legislativa, el anteproyecto Ley de Justicia Transicional, que garantiza la memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional emitió la referida sentencia que mandata a la Asamblea Legislativa la elaboración y aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional, que garantizara los derechos de las víctimas de acceder a la justicia, a conocer la verdad de lo sucedido, recibir reparaciones integrales por el daño causado durante el conflicto armado, a evitar la repetición de patrones de represión que originaron el conflicto y preservar la memoria histórica.
Pese a ello, actualmente la Asamblea Legislativa ha ignorado no solo a esa sentencia, si no a las mismas víctimas que han presentado, desde ese año, 2 propuesta de Ley de Justicia Transicional.
En ese sentido, por tercera vez y a través de la iniciativa de ley de la diputada Claudia Ortiz, se presentó el «Anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas del Conflicto Armado en El Salvador», que cumple con los cinco pilares que debe contener una Ley de Justicia Transicional: justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica, bajo los estándares nacionales e internacionales que a pesar del paso del tiempo no pierden vigencia.
Para la elaboración del Anteproyecto de Ley, las organizaciones que promovieron la ley, destacaron que se desarrolló un amplio proceso de consultas con familiares de víctimas, sobrevivientes y especialistas nacionales e internacionales, retomando los estándares nacionales -principalmente, la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993-y estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del Relator para la Memoria, Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición de Naciones Unidas. De igual forma, este nuevo Anteproyecto fue presentado, aprobado y validado por víctimas del conflicto armado a escala nacional.
Las víctimas y organizaciones solicitaron que su propuesta de ley sea asignada a una comisión y que durante el proceso de análisis se abra un diálogo amplio con las víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos/as, que culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado.
Las organizaciones que promulgaron esta ley fueron la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.
