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Ciudad de Guatemala / AFP
Víctimas de la dictadura argentina instaron a los diputados guatemaltecos a frenar una iniciativa de ley para conceder amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra en este país centroamericano, informó el miércoles una entidad humanitaria.
«Pedimos al Congreso de Guatemala que se abstenga de continuar el trámite de la iniciativa de ley» que busca conceder amnistía a responsables de violaciones en el conflicto armado (1960-1996), indica una misiva de organización Madres de Plaza de Mayo de Argentina.
La carta fue enviada a varias autoridades guatemaltecas y divulgada el miércoles por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), entidad que ha participado como querellante en varias casos de masacres y genocidio cometidos durante la guerra guatemalteca.
La propuesta, que el pasado 17 de enero pasó la primera de tres lecturas en el Congreso, busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin del conflicto en 1996, y suscita el rechazo de organizaciones sociales y expertos independientes de la ONU que consideran que genera impunidad.
Los diputados que la impulsan y sectores derechistas afines a los militares señalan, sin embargo, que la iniciativa trata de promover la reconciliación.
El proyecto implica derogar varios artículos de la ley de reconciliación, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Modificar la ley actual «representaría un retroceso grave y un paso más para perpetuar la impunidad», lamenta la organización integrada por familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar argentina.
Ante ello, piden a la Fiscalía que solicite quitar los fueros a los congresistas promotores de la iniciativa supuestamente por cometer delitos como conspiración para la obstrucción de la justicia y desobediencia.
La guerra civil guatemalteca dejó 200.000 muertos y desaparecidos, concluyó en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. El 93% de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado.
