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Redacción Nacionales
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Diferentes organizaciones que conforman la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el grupo gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, junto a los comités de víctimas de Morazán, Chalatenango y Usulután acompañados de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, presentaron ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado que en su esencia contiene 4 elementos fundamentales: la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Sonia Padilla de la Fundación para el Debido Proceso comentó que la presente ley es para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto armado.
Ya que desde antes que se diera la guerra civil en El Salvador (1980-1992), el Estado salvadoreño en su conjunto “ha propiciado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra que provocaron graves violaciones a los derechos humanos, pactos de las élites, corrupción, reparto de las instituciones, olvido de la memoria, militarismo, ente otras acciones que formaron parte del patrón de impunidad y fueron reforzados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz emitida en el marco de la publicación del informe de la comisión de la Verdad en 1993”, señalaron las organizaciones.
Padilla recordó que, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucional” la Ley General de Amnistía, puesto que había congelado todo el avance en justicia transicional. En febrero 2020, la Asamblea Legislativa emitió una nueva ley, con esta, según las organizaciones buscaba “beneficiar a los criminales de guerra”, por lo cual, el presidente Bukele la vetó, y por ende, se regresó a la Asamblea donde se quedó en el archivo legislativo.
Sin embargo, ayer presentaron una nueva propuesta de ley denominada “Ley de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado”. Según comentaron, las organizaciones impulsadoras, para la elaboración del articulado, se ha consultado con diversas asociaciones y comités de víctimas de todo el país así como con especialistas internacionales en justicia transicional.
Irene Gómez, de la Fundación CRISTOSAL, sostuvo que la ley es y fue elaborado por las víctimas, a través de asambleas generales para la aprobación de este tipo de documentación. Gómez agregó que la ley contiene 4 elementos fundamentales para una justicia transicional: “la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición”.“Esta ley contiene varios elementos como principios en favor de las víctimas como el de centralidad, ellas son las partícipes principales de esta ley, también hay un Fondo de Reparaciones, registros de víctimas y un sistema completo donde están varias organizaciones e instituciones del Estado en la cual, tendrán que trabajar directamente con las víctimas con respecto a las reparaciones para esto, habrá un consejo y una dirección ejecutiva que coordinará este tipo de reparaciones”, comentó Irene Gómez.
En el tema de la verdad, Gómez sostuvo que “hay juicios de la verdad con estándares internacionales para los imputados que han fallecido” y con respecto a la justicia, “habrá justicia y no será como el decreto anterior que se aprobó donde eximía de responsabilidad penal a los imputados. En este caso para que El Salvador tenga una verdadera reconciliación es necesaria la justicia, porque de lo contrario, lo que se estaría indicando es que siempre va a prevalecer la impunidad tanto la de ayer como la actual”. Y en el caso de “no repetición”, “estamos viendo, por ejemplo, cuando la Fuerza Armada y la PNC se tomó la Asamblea Legislativa, entonces, recoge garantías de no repetición para que estos actos no se puedan a cometer. Asimismo, hay otras garantías de no repetición como la independencia del órgano judicial y además el fortalecimiento a este”, informó Irene Gómez.
Ramón Arita, sobreviviente de tortura y ex preso político dijo que han trabajado la ley durante bastante tiempo y ha sido consensuado en todo el territorio nacional. “Es nuestro sentir”, recalcó. Por lo cual, demandó al Estado impartir justicia, verdad, reparación y las garantías de no repetición”.
