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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“En el marco del Régimen de Excepción voy a plantear a los familiares de las víctimas los mecanismos a nivel regional e internacional, a los cuales puedan recurrir en la búsqueda de la justicia de las víctimas, a las que se les ha negado de manera sistemática en el país”, dijo Celia Medrano, experta en derechos humanos,
Medrano fue invitada al Foro de “Activación de Procedimientos y Mecanismos Internacionales para la Reparación de Daños y Perjuicios Causados a las Víctimas del Régimen de Excepción”, en el que se abordaron los trámites y proceso de los mecanismos de acceso a la justicia y de derechos humanos a escala regional e internacional.
“No hay muchos recursos a los que se pueda aplicar por parte de las víctimas, pero la medida más concreta, sobre todo, si buscan la justicia, serán las medidas de reparación por daño y perjuicios causados, es lo que pueden obtener”, manifestó.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no obstante, si las víctimas trabajan con las alianzas adecuadas y desde una visión estratégica podrían combinar mecanismos convencionales así como no convencionales o mecanismos del Sistema Universal de Naciones Unidas (ONU) en Derechos Humanos”, explió Medrano.
Sobre estos mecanismos internacionales y regionales agregó que los familiares de las víctimas pueden utlizar el proceso específico que ofrece la Corte IDH, ya que el Estado de El Salvador ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que se traduce en el reconocimiento de la jurisdicción (juzgar y ejecutar lo juzgado) de este organismo regional.
“La Corte IDH, al tener jurisdicción y jurisprudencia, podrá emitir medidas de reparación integral que incluye una indemnización justa y proporcional al daño moral y económico causado a las víctimas. Lo cierto es que los Estados terminan obligados a pagar los daños causados”, explicó.
“Daños que causaron cuando no sólo negaron la justicia a las víctimas mediante los mecanismos internos, sino también cuando han generado una condición institucional que justifica como política pública de seguridad la violación a los derechos humanos como el régimen de excepción”, argumentó Medrano.
No obstante, aclaró a los familiares de las víctimas que estos procesos son largos, para lo que se debe agotar los recursos en las instancias judiciales internas.
Por ahora, existen más de 6 mil Hábeas corpus que han sido presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Sabemos que la Sala de lo Constitucional no ha dado respuesta en un 98% de estos recursos, los que se habían contalizado apenas a un año del Régimen de Execipción, que lleva vigente desde marzo 2022. Con esto los familiares de las víctimas han agotado el recurso interno del Hábeas corpus, solicitando que sus familiares no fuesen objeto de violaciones a derechos humanos”, expresó.
“Estos recursos exponen la violación de derechos, a partir de detenciones y capturas arbitrarias. Y en casos graves muchas de estas personas han perdido la vida al no recibir atención médica adecuada, y que es una obligación del Estado proporcionarla a las personas privadas de libertad. Y negarles simplemente información en dónde se encuentra la víctima”, manifestó Medrano.
Hacer uso de mecanismos internacionales de justicia
Oscar Ramón Rosales, director de Asuntos Legales de Socorro Jurídico Humanitario, con al acompañamiento del Centro de intercambio y Solidaridad (CIS), indicó que este foro pretendía “incentivar a los familiares de los detenidos” para hacer uso de estas herramientas jurídicas y lograr el acceso al derecho internacional humanitario.
“Esperamos que utilicen los diferentes instrumentos de Naciones Unidas (ONU), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional (CPI), que son en terminos generales espacios en donde pueden solicitar justicia para sus familiares”, opinó.
“¿Por qué estamos proyectando este tipo de mecanismos?, bueno, porque no hay justicia en el país actualmente. Y los procedimientos legales están completamente trastocados, en este momento no hay certeza jurídica en los procesos de las personas que están detenidas siendo inocentes”, sostuvo Rosales.
Del mismo modo, señaló que sin imprortar que estos procesos son prolongados para su análisis y posterior sentencia, Rosales lo consideró necesario para los familiares de las víctimas conozcan de cerca ese funcionarmiento y obtener justicia, ya sea vía individual o colectiva.
“Sabemos que toma un tiempo largo, y que hay casos que han pasado 10 ó 20 años. Si tenemos que lidiar con esto que en algunas veces, ya no existen las víctimas, pero es un proceso que está en marcha y que tiene que ver con la reparación de los daños causados”, acotó.
“Los casos que están documentados en El Salvador encajan precisamente porque hay un desconocimiento del debido proceso penal, hay un desconocimiento del derecho internacional humanitario, es decir, las Convenciones y Tratados, que protegen a las personas que no están siendo escuchadas y que también, juzgan a los gobiernos que no están asumiendo estos compromisos internacionales”, agregó Rosales.
