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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La sala del juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera, Morazán, se llena con la voz de Pedro Ramos, víctima y sobreviviente del cantón La Joya, sitio aledaño a la Masacre de El Mozote. Ramos tuvo que sortear a los soldados salvadoreño, por casi quince días, ese diciembre de 1981 en que ocurrió el ataque.
“Necesitamos todo el apoyo de todos ustedes (abogados acusadores, autoridades judiciales y comunidad) y como hemos dicho estamos dispuestos a seguir adelante, no solo para nosotros, sino para todas las víctimas que sufrieron en El Mozote. Esa cruel masacre que fue a hacer el batallón Atlacatl”, dijo durante la audiencia.
Con la reciente juramentación de los antropólogos socio culturales: Irina Carlotta Silber y Ralph Sprenkels, a cargo del Juez Jorge Alberto Guzmán, el proceso de instrucción contra 18 militares del alto mando de la fuerza armada salvadoreña, continúa su proceso, antes de ser evaluado por el magistrado y elevarlo a vista pública.
El camino de las víctimas en busca de justicia, ha sido difícil desde siempre, señaló Wilfredo Medrano, abogado acusador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que inició este proceso por 1990, pero el decreto de una ley de amnistía en 1993, puso el primer obstáculo a esta denuncia pública.
Fue hasta el 30 de septiembre de 2016, que derogada esta ley por considerarla inconstitucional, el juez de la causa toma en cuenta la acusación de 2006 y reabre el proceso judicial de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, por lo que intima a 18 militares de alto rango.
“Actualmente, se ha hecho una ampliación de los peritajes de las antropólogas argentinas, hemos escuchado 44 testigos, que han declarado y se han hecho inspecciones en los lugares de los hechos de la masacre. Estamos en la fase de instrucción y recordemos que esto es complejo, porque es un caso que ha estado congelado muchos años”, explicó Medrano.
En este esfuerzo han actuado las antropólogas forenses de Argentina, los antropólogos socio culturales, un perito militar peruano y una politóloga estadounidense que hará análisis de contexto de los documentos desclasificados del departamento de Estado de los Estados Unidos.
“La Fiscalía General de la República, también ha presentado a dos antropólogas del ministerio de cultura, que ya trabajan en la zona y un perito militar. Nosotros creemos que estos informes que van a presentar al señor juez, permitirán corroborar la certeza de los hechos”, agregó.
Y en vista que no hay prueba directa contra los imputados, pero si hay indicios que los militares de alto rango fueron los que planificaron y ordenaron los ataques y se tienen las experiencias comparadas como el caso Fujimori (Perú) o Ríos Montt (Guatemala), que fueron condenados sin haber participado materialmente en los hechos, pero si como autores intelectuales argumentó Medrano.
Al hablar del “crimen de lesa humanidad o crímenes de guerra”, Medrano sostuvo que desde la sentencia de la sala de lo constitucional (CSJ) que derogó su aplicación, ha quedado evidenciada su carácter sistemático y masivo, que respalda el Estatuto de Roma, porque estos crímenes son imprescriptibles (no pierden vigencia). “Del Ministerio de la Defensa, deploramos su actitud de resguardar los informes de esa época. Ellos han informado que no existió la operación rescate, que no existen plantes militares, pero sabemos que hay complicidad en negar información, cuando está depositada en el archivo de la Nación”, sentenció.
En cuanto a la aspiración de las víctimas y sobrevivientes, Medrano consideró que ya están cerrando las recopilaciones de pruebas e informes de peritajes con diversos enfoques que darán riqueza al contexto del caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. “El juez (Guzmán Urquilla) tendrá que clausurar la etapa de instrucción y decidir si va a un tribunal técnico o tribunal jurado, y creo que será para este año quizás, que dictamine o no sé si prolongue, pero también estamos listos para las impugnaciones que haga la defensa de los militares imputados para dilatar el proceso” reafirmó.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también se pronunció a favor de la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para aprobar las “disposiciones especiales y transitorias para el establecimiento del estado familiar o fallecimiento de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños”, que permite a través de un procedimiento especial obtener la documentación personal, estableciendo sus parentescos, en los próximos 18 meses de publicado el decreto.
Para el cuerpo jurídico de la CEJIL, esta medida representa una oportunidad para avanzar de manera significativa a la reparación moral, de quienes han aguardado 38 años, para su reconocimiento legal, ético y moral, que cobra mayor relevancia ante el paso de el tiempo que ha afectado la salud de sobrevivientes e incluso a quienes fallecieron por la violencia del Estado, sin un resarcimiento social.
José Álvaro Martínez, víctima de la masacre de La Joya, dio gracias al juez de la causa, por reconocer que el “centro de este proceso judicial son las víctimas”, lo que consideró, una pesadilla que nunca los dejará mientras vivan.
“Nosotros, nunca jamás se nos va a olvidar lo que sufrimos. Y no cualquiera ha sufrido lo que nosotros vivimos con nuestras familias y si estamos vivos, es por el poder de Dios, eso no fue fácil, estuvimos bajo una lluvia de balas, morteros, la aviación encima de nosotros que corríamos con nuestras familias. Este proceso está en la verdad y nosotros estamos en ella, por eso no vamos a retroceder, queremos justicia”, puntualizó.
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