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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Hacemos pública esta denuncia, para que agilicen el proceso”, afirmó el alcalde de San José Las Flores, Felipe Tobar, sobreviviente de la masacre Las Aradas, a veintisiete años de haber interpuesto ante el sistema judicial, la acusación que como víctimas presentaron y que se encuentra en el juzgado de Primera Instancia de Chalatenango.
Documentada por la Comisión de la Verdad, alrededor de 600 personas de la población civil del cantón Las Aradas, Chalatenango, huían de un dispositivo militar antiguerrillero, que incluía elementos de la Guardia Nacional y paramilitares de ORDEN, los días 13 y 14 de mayo de 1980, que llegaron a las márgenes del río Sumpul, donde fueron masacrados.
“Son treinta y nueve años desde que ocurrió la masacre en el río Sumpul, la preocupación es que, las víctimas y sobrevivientes, no vemos aún una investigación seria sobre el hecho, vemos mucha lentitud para aplicar la justicia, ya cumplimos veintisiete años, que interpusimos la denuncia en el juzgado de Primera Instancia en Chalatenango. Y aún, no se han escuchado los testimonios terribles de esa masacre”, apuntó Tobar.
Asociación Sumpul, CCR El Salvador, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y CRIPDES, junto a un grupo de ciudadanos de Canadá y Estados Unidos, unen esfuerzos para exigir la aplicación de justicia para las víctimas y sobrevivientes de esta masacre, que integra los casos del Informe de la Comisión de la Verdad.
Rubia Guardado, CCR El Salvador, invitó a la población a participar y acompañar la Trigésima Novena Conmemoración de la Masacre de Las Aradas, por considerarlo un hecho histórico, que necesita también un cierre de resarcimiento moral y social, para las víctimas.
“Son treinta y nueve años de esta masacre y aún no tienen justicia legal las víctimas, es por esto que pedimos por las víctimas y familiares, justicia por los asesinatos del Sumpul.
Y superar la impunidad judicial”, sentenció.
Blanca Mirian Ayala, sobreviviente de la masacre El Sumpul, reconoció la falta de justicia para las víctimas, pero también agradeció los apoyos que han venido recibiendo como una delegación internacional, quienes se encuentran apoyando con talleres de salud mental.
“Agradecemos los esfuerzos de todos y todas, así como el proyecto de un Parque Memorial para las Víctimas en Las Aradas, en donde murieron 600 personas, entre niños, mujeres y ancianos. Estamos trabajando los sobrevivientes en lugar de la masacre reforestándolo, porque también pensamos hacerlo centro de retiro y memoria histórica, para que las nuevas generaciones conozcan el pasado cruel que pasamos en El Salvador”, agregó.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, señaló que la Masacre de Las Aradas o el Sumpul, fue denunciado en 1992 por las víctimas en el juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, acompañados por la fundadora de Tutela Legal en el Arzobispado, en ese entonces. “El hecho que se dio, en varios lugares de Chalatenango, especialmente en el cantón Las Minas, esto tuvo un antecedente y planificación meses atrás, por la Fuerza Armada de El Salvador y Honduras, donde se planificó llevar a las personas al lugar de Las Aradas, cometiendo violaciones a los derechos humanos de la población. Fue cometido por la Fuerza Armada, Fuerza Aérea, paramilitares y el ejército hondureño, quienes participa con ejecuciones arbitrarias masivas, torturas y lesiones”, explicó.
Sobre los señalamientos del Alto Mando de los años 1980 y 1981. Díaz, mencionó Rafael Flores Lima (Jefe Estado Mayor), general Juan Rafael Bustillo (Comandante de la Fuerza Aérea), Augusto Ricardo Peña Aibaiza (Comandante Destacamento Militar #1), José Guillermo García (Ministro de Defensa) y el General Eugenio Vides Casanova (ministro de Defensa), por la participación institucional.
Asimismo, demandaron del ministerio de la Defensa, a presentar la documentación y registro de esas actividades realizadas por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, de esa época, para el esclarecimiento de los hechos de violencia. Y para el Ejecutivo, a evitar un una postura ambigua ya que, reconocen la masacre Las Aradas y el sitio como lugar histórico y bien cultural, pero no exige un informe de la Fuerza Armada.
Al sistema judicial, exigieron realizar esfuerzos serios y significativos en la investigación del operativo y no permitir que se desligue o excuse, con argumentos de “documentos perdidos”. A la Asamblea Legislativa, la petición de renuncia inmediata d ella comisión “ad hoc”, sobre la Ley de Reconciliación, desechar el borrador de ley, presentado por el diputado Rodolfo Parker (PDC), que protege de nuevo a los victimarios y la participación de las víctimas en el marco jurídico de esta ley.
