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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Las fiestas de Navidad, a pesar de las dificultades que cada familia, que cada persona esté pasando, son un tiempo para la reflexión, para proyectar esperanza y buenos deseos, para mirar el pasado y valorar el futuro.
¿Por qué a las puertas de llegar al 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, tenemos presos políticos? ¿Por qué se desdibujó el estado de derecho? ¿Por qué se viola la Constitución? ¿Por qué los retrocesos en derechos sociales y en los índices de desarrollo humano?
Si este es el estado de cosas hoy, cómo esperar que la frase más repetida cada año, para expresarle a nuestra familia y amigos el deseo de un “prospero año nuevo”, se torna esta vez en algo con poco fundamento para la mayoría de salvadoreños.
Aun así es real el sentimiento de querer que lo que ocurra en el año 2022 sea mejor.
Qué la humanidad sobreviva a los rebrotes del Covid-19, y que cada persona afectada pueda recuperar su salud; que las tensiones entre naciones, especialmente las amenazas de usar la fuerza de las armas entre las potencias sea disminuida; que avance la integración y cooperación entre países de nuestra América.
Que los pueblos hermanos de Chile, Perú, Nicaragua, Bolivia, Honduras, en los que las fuerzas de izquierda y progresistas obtuvieron victorias electorales en 2021, ojalá desarrollen políticas que beneficien a las mayorías y, donde nos toca enfrentar regímenes neoliberales, dictaduras, tengamos la fortaleza para crear alternativas encaminadas al logro de justicia social y democracia.
En nuestra querida patria el gobierno que tenemos niega la historia para implantar una nueva narrativa, en la que se pinta el presente como una maravilla por el solo hecho de tener a quien tenemos de presidente; sin embargo, esa pretensión solo puede ser lograda si el pueblo olvida su propia historia y su realidad.
No debemos olvidar que el 16 de enero de 1992, en el palacio de Chapultepec, México, se firmaron los Acuerdos de Paz, algo muy deseado por el pueblo salvadoreño para poner fin al conflicto armado que vivimos a lo largo de 12 años y a la dictadura militar que padecimos por 60 años.
Esos acuerdos representan la mayor reforma política del país, abrieron paso a la construcción de democracia, a reconocer el imperativo del Estado de respetar los derechos humanos, y trabajar por la reconciliación entre salvadoreños.
La Constitución vigente, reformada en virtud de esos acuerdos, es la que le da base a la tan anhelada aspiración de tener un sistema de justicia independiente, para ello se consignó la independencia judicial, la obligación de capacitar a los jueces y dotarlos de seguridad económica estableciendo el mínimo del 6% de los ingresos tributarios en el presupuesto de cada año, para evitar que esa independencia se viera amenazada por el poder del órgano ejecutivo, que elabora y administra el presupuesto.
En esos acuerdos se estableció la apoliticidad de la fuerza armada y se creó, con el mismo sentido, la nueva policía (PNC), separada de las estructuras militares; igualmente se creó para garantía de la democracia a un Tribunal Supremo Electoral.
Como podemos ver ahora, aunque sigue vigente nuestra Carta Magna, el presidente de la república y su grupo gobernante, han pisoteado estas instituciones, estos mecanismos de separación de los órganos de gobierno.
El efecto social de tan vulgar atropello institucional es grave, pues debido a ello reina la arbitrariedad y se despoja a la ciudadanía de las garantías para ejercer sus derechos.
El daño causado es grave y repararlo llevará muchos años, pero no importa cuántos sean necesarios, se precisa de ver en esa perspectiva, que solo vendrá del pueblo organizado y luchando, la recuperación de las pérdidas que hoy acumulamos de lo tanto que habíamos conquistado con los Acuerdos de Paz y en desarrollos posteriores.
Ser parte de ese pueblo con memoria, con conciencia, con capacidad, de ver más allá de lo que el gobierno quiere que veamos, es un orgullo; si somos minoría no importa, pues luchamos por el bienestar de las mayorías.
Ese fue el sentido de la lucha que hizo posible los acuerdos de paz hace 30 años.
Hablar de ellos, revalorarlos y luchar por recuperarlos es un deber político. Tener presente pues, a héroes y mártires de las luchas justas de ayer y de hoy.
