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José M. Tojeira
En El Salvador tenemos demasiados problemas pendientes. Demasiadas amenazas que pueden generar mucho dolor para muchos. Es cierto que en algunos problemas hemos avanzado. Como por ejemplo en la desarticulación y condena de grupos de exterminio en los que había policías. Pero incluso en ese terreno quedan deudas, como la detención del grupo de exterminio que asesinó al P. Walter. Por eso es necesario prevenir o responder a las amenazas. Una relación de las amenazas vislumbradas en solo la semana pasada, nos hace ver lo vulnerables que podemos ser y la necesidad de prevenir con mayor seriedad los problemas que nos pueden golpear.
Los frijoles de la cosecha salvadoreña alcanzan hasta junio y no nos quedará más remedio que importar el complemento. Es posible que encarezcan y que con ello aumente el hambre. Ya hay insuficiencia nutricional. Que disminuyan los alimentos tradicionales afectará más a los menos pudientes. Traer más presos y considerar eso un negocio es en cierto modo un despropósito. Pensar que vamos a tener unas cárceles que no le cuesten al estado y que simultáneamente sean bastante mejores es muy difícil de creer viendo como nuestro liderazgo político desprecia a los privados de libertad.
Retirar como préstamo el 80 % de los fondos de pensiones abre unas impresionantes posibilidades de crisis con nuestros ancianos y un colapso del injusto, débil de cobertura y poco solidario sistema de pensiones que tenemos. La economía no está bien en el pensamiento y el sentimiento de la gente y el discurso del oro como solución tiene una dosis muy alta de falsedad.
Por otro lado hay denuncias graves contra instituciones indispensables para conseguir al menos una base de solidaridad que nos permita desarrollarnos éticamente. Las denuncias por omisión de funciones contra las dos Procuradurías son una manera de denunciar el poco aprecio de nuestro Estado hacia el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República tiene un número insuficiente de abogados. Los presos pobres, que son la gran mayoría, se encuentran en la práctica si el derecho de defensa.
Y sabiendo que quedan muchos inocentes en las cárceles, a causa del régimen de excepción, las posibilidades de injusticia judicial se suman a las injusticias cometidas con detenciones arbitrarias. La Procuraduría de Derechos Humanos está en un situación parecida. Ofrece a diferentes instituciones cursos de Derecho Humanos, pero es incapaz de denunciar violaciones de los mismos. Con ello se convierte, de nuevo por omisión, en cómplice de las arbitrariedades y las actuaciones irregulares de diferentes instituciones estatales.
Por otras parte, la Asamblea Legislativa ha refrendado reformas jurídicas que contradicen tratados suscritos por el Estado salvadoreño. Juntar menores con adultos en centro penitenciales, es muy problemático por posibles conexiones entre menores y adultos, junto con la extensión de los malos tratos que se están dando en las cárceles. Contradice además la legislación internacional aceptada por El Salvador a través de tratados debidamente firmados y ratificados.
Por otra parte, el hecho aprobado recientemente de convertir en prueba las declaraciones de delincuentes contra cómplices durante los juicios abreviados, puede convertir esta modalidad judicial en una especie de caza de brujas. Se puede continuar así, de una forma más peligrosa, la tendencia antigua de rebajar penas a delincuentes consumados mientras se utilizaban sus declaraciones para condenar a otros a partir de intereses ocultos. Todo esto en la semana pasada. Por eso es necesario prevenir criticando.
El pensamiento crítico es indispensable para establecer una convivencia ciudadana armónica y para lograr que las instituciones y las normas legales funcionen en favor del bien común en vez de a favor de intereses particulares. No se puede menos que insistir en un mayor diálogo y un menor autoritarismo. Es la mejor manera de vigilar y responder a las crisis.
