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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El expresidente de la República, viagra pharm Mauricio Funes, purchase medicine aseguró ayer que la dependencia de grupos de poder económico es el peor lastre y el mayor peligro que enfrenta la justicia en El Salvador y no las preferencias ideológicas de funcionarios judiciales, there como lo quieren hacer ver algunos sectores interesados.
“Un poder mucho más distorsionador del funcionamiento y fortalecimiento institucional es el poder de los grupos económico en nuestro país”, cuestionó Funes, tras advertir que no se puede pasar por alto este tipo de influencias a la hora de buscar independencia judicial.
“Cuando se habla de independencia judicial o independencia de las instituciones, no solamente hay que referirla al poder político establecido, ante todo hay que referirla al poder económico del país”, argumentó Funes, tras señalar que la justicia salvadoreña siempre ha estado sometida a grupos fácticos que de esa manera han mantenido a salvo su impunidad y sus intereses.
El expresidente recordó que por años sentencias tras sentencias de diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han estado influenciadas de modo determinante por los intereses económicos predominantes del país sin que nadie manifestara su indignación por ello.
Uno de los tantos casos, señaló Funes, fue el rechazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la solicitud hecha por el director de Probidad, Pino Cáceres, para investigar las cuentas bancarias del expresidente Flores y de varios de los funcionarios de su administración.
El exgobernante recordó que, en aparente condescendencia con los grupos de poder, a los magistrados de esa época no les bastó solo con desautorizar la investigación al departamento de Probidad de la misma Corte, sino que se llegó al colmo de despojar a esa oficina la facultad de desarrollar respectivas investigaciones, además de blindar el secreto bancario para evitar que se conocieran los bienes de los exfuncionarios.
A su criterio, esto impidió en ese entonces una adecuada fiscalización de parte de la mencionada entidad para conocer si los funcionarios se habían enriquecido en el cargo público. “De haberse realizado esa investigación, de haberse auditado estas cuentas bancarias en una buena parte de estos funcionarios, la oficina de Probidad habría revelado vínculos que funcionarios del presidente Francisco Flores crearon y siguieron manteniendo incluso como exfuncionarios, con los grupos empresariales más influyentes”, del país argumentó.
En el programa “Sin Censura” de ayer, transmitido en radio La Chévere, Funes dijo que seguramente estos grupos que fueron para esa época privilegiados en los negocios del Estado ahora alegan “persecución política” cuando se somete a un expresidente a un proceso judicial por claros indicios de corrupción y a otros exfuncionarios por vender a extranjeros la energía geotérmica del subsuelo salvadoreño.
Curiosamente, dijo el exjefe de Estado, los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el partido ARENA se preocupan solamente por los vínculos partidarios de algunos de los candidatos y no le toman ninguna importancia al vínculo de ciertos aspirantes con los tradicionales grupos económicos.
Funes criticó en ese sentido que ARENA esté bloqueando la elección de un candidato que cumple con los requisitos legales y académicos para postularse a magistrado de la CSJ, por el simple hecho de que a ellos les molesta que los cuestione.
“Tienen vetada la probable elección del licenciado Jaime Martínez (director de la ANSP), quien es uno de los candidatos y que se argumenta que no es militante activo ni miembro inscrito del partido, pero se le ha visto en actividades del Gobierno y se le descalifica; ¿y qué decir de aquellos que tienen vínculos con el poder económico?”, se preguntó.
Funes puso como ejemplo que habrán algunos aspirantes que no tienen afiliación partidaria pero que los han propuesto organizaciones como FUSADES, y, por tanto, podrían responder a los grupos empresariales a los que responde FUSADES.
El expresidente también se refirió a la campaña impulsada por sectores de derecha que insisten en crear en el país una comisión contra la impunidad y la corrupción como la que existe en Guatemala y le preguntó a los dirigentes y diputados de ARENA si aceptarían que una comisión de ese tipo indagara como primer caso el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, ocurrido en 1989 y cuyos autores intelectuales han quedado en la total “impunidad”, según Funes.
Sectores querellantes del caso jesuitas han planteado con insistencia que se debe indagar sobre los fuertes indicios de que el expresidente de la República Alfredo Cristiani habría tenido que ver en la decisión de asesinar a los religiosos.
“¿Estaría dispuesto ARENA, el Coena, los diputados de ARENA que comencemos a combatir la impunidad en nuestro país, investigando este caso?”, preguntó el exmandatario.
Funes señaló que también tendría que indagarse sobre el manejo de un fideicomiso por $38.5 millones que estuvo a cargo de una comisión que presidía la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, el cual estaba destinado a incentivar la inversión.
De acuerdo con el expresidente, la fiscalía tiene abierta una investigación de este caso, luego que su Gobierno solicitara revisar una serie de irregularidades ocurridas en la administración de esos fondos, cuya asignación a algunas empresas resulta por lo menos sospechosa debido a que algunos de los representantes de las mismas tenía lazos familiares con algunos integrantes del comité que asignaba los fondos.
El exmandatario manifestó que él no tiene ninguna objeción que se cree una comisión internacional de investigación, previa depuración del Órgano Judicial del país y que se le libere “del control oligárquico” que lo ha sometido históricamente.
