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Por Leonel Herrera*
Violaciones a derechos humanos y corrupción en el uso de fondos públicos, son dos características del actual gobierno salvadoreño. Cada vez hay más evidencias que lo confirman de manera contundente, a pesar del bloqueo sistemático del acceso a la información.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado la semana pasada, confirma las detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales y asesinatos en las cárceles del país en el marco del régimen de excepción denunciados por Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, Observatorio Universitario de Derechos Humanos y otras organizaciones.
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/Informe_EstadoExcepcionDDHH_ElSalvador.pdf
La CIDH reconoce la disminución de la violencia pandilleril y la mejor situación de seguridad; pero señala los abusos contra personas inocentes y el irrespeto a la legalidad, y pide suspender el régimen de excepción porque la situación de emergencia que lo motivó ya no existe.
La Comisión también rechaza el falso dilema entre seguridad pública y derechos humanos, y manda que el combate contra la criminalidad y las políticas de seguridad pública se ciñan al respeto de los derechos humanos y la vigencia plena del debido proceso.
El informe se produjo a pesar del intento gubernamental de evitarlo mediante injustificadas solicitudes de prórroga para responder a los pedidos de información de la Comisión y el intenso cabildeo que provocó una aprobación ajustada de cuatro comisionados contra tres, aun cuando el borrador del informe había sido aprobado por unanimidad en diciembre de 2023.
Con este informe, la CIDH consigna al Estado salvadoreño como perpetrador de violaciones a derechos humanos, algunas de las cuales constituyen delitos de lesa humanidad cuyos responsables tarde o temprano tendrán que rendir cuentas.
El gobierno respondió que podría analizar las recomendaciones, pero rechazó el informe retomando los alegatos de los comisionados disidentes y la teoría conspirativa de la ultra derecha que señala al filántropo húngaro-estadounidense George Soros como el financista de las “agendas progresistas” en el mundo.
Y, en relación a la corrupción, las filtraciones de datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), realizada por Ciberinteligencia SV, desnudan el pago de onerosos salarios a funcionarios gubernamentales que representa un grave insulto para la mayoría de salvadoreños que apenas sobrevive.
Por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, estaría devengando un salario de más de 41 mil dólares, según la información publicada por el grupo de hackers.
A esto se suma el abuso de fondos públicos en la Asamblea Legislativa revelado semanas atrás, las irregularidades en las compras gubernamentales publicadas por el periodismo investigativo y otras barbaridades que salen a la luz a pesar del cerrojo estatal sobre información que por derecho la ciudadanía debe conocer.
Es llamativo que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto la transparencia en su nueva lista de condiciones para la posible aprobación del postergado préstamo de 1,300 millones de dólares al gobierno.
Es hora, pues, de que la población decente se indigne y exija acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas a este régimen corrupto y violador de derechos humanos. La dignidad del pueblo salvadoreño debe manifestarse.
Es urgente.
*Periodista y activista social.
