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Redacción Nacionales
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La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció, de acuerdo a testimonios recibidos de reas liberadas, que en el centro penal de Apanteos, en Santa Ana, ocurren violaciones de mujeres recluidas, y que los responsables son los custodios del centro penal.
La joven abogada dijo, en el programa Encuentro con Julio Villagrán, en TVX, que solo las violaciones explican los embarazos en el penal, dado que, desde que está en vigencia el Régimen de Excepción, desde marzo de 2022, ningún tipo de reos recibe visitas de sus familiares.
Sobre las violaciones, dijo, que lo informó una rea recién liberada, quien estuvo presa en Apanteos, capturada bajo el régimen, y puesta en libertad tras ser inocentes. La liberada relató que los custodios obligan a las mujeres a realizar limpieza en los pasillos del recinto penitenciario desnudas, incluso en los pabellones del sector donde están recluidos los hombres.
La liberada relató, dijo Escobar, que los reos se masturban cuando las presas realizan las labores de limpieza, mientras que los custodios las violan.
Muertes en presión
Escobar también dijo que de acuerdo a una regla de tres, con los datos de las 385 muertes comprobadas, y los 85 mil 500 presos, el total de los muertos en los penales sumarían más de un millar. Este es un delito de lesa humanidad, dijo Escobar. A finales de la semana pasada murió una rea en Apanteos, con lo que la suma de muertes oficiales en los penales aumenta a 386, dijo la abogada.
De Escobar dijo que también tiene una base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), hecha pública en Telegram en la que revela que en dos meses y medio han muerto en los penales 36 reos, incluidas dos mujeres. En los informes de los fallecidos colocan solo un “sobre averiguar”. Aunque, la PNC revela que nueve de los fallecidos presentaban “signos de violencia”, y otros por negligencia, ante la falta de tratamientos médicos.
Entre los fallecidos, agregó que hay ocho sindicalistas fallecidos, a pesar de que tenían orden de libertad, entre ellos, José Leonidas Bonilla y Heber Chacón, quien era dirigente de una gremial de vendedores ambulantes. Ambos tenían sus respectivas cartas de libertad, dijo de Escobar.
Para Escobar, los detenidos bajo el régimen de Excepción están en calidad de desaparición forzada. Este delito, explicó, se comete cuando hay una detención de parte cuerpo de seguridad, cuando se traslada a algún lugar incierto, y cuando no se brinda información del prisionero.
Bukele Tump
La directora de Socorro Jurídico advirtió a la administración Trump que la reunión de este lunes lo hará con “delincuentes”, primero porque el segundo mandato de Bukele es inconstitucional, y luego, porque sus funcionarios pactaron con pandillas entre 2019 y 2022.
Al menos nueve cabecillas de la ranfla de la MS, quienes estaban condenados con penas de hasta 120 años, fueron sacados de las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, pero, fueron apresados posteriormente por el FBI, y encarcelados en Estados Unidos, dijo la abogada, para ejemplificar el pacto con las pandillas y la relación delincuencial del gobierno de Bukele con los grupos terroristas.
También dijo la abogada que estos cabecillas, incluso, desde las cárceles ordenaron crímenes cometidos en Estados Unidos.
El CECOT y los migrantes
Ingrid Escobar explicó que el haber convertido el CECOT como centro de reclusión de migrantes extranjeros, el gobierno de El Salvador ha violado tratados tanto de la ONU como de la OEA.
Entre los tratados violentados está la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual establece, entre otras, que el reo que se traslade a otro país, debe tener una sentencia en firme. En el caso de los migrantes venezolanos no se sabe si la tienen.
Pero, además, que el delito del “extraditado” se haya cometido en el país de recepción, en este caso en El Salvador, y que el detenido sea ciudadano de Estado de Excepción. Nada de esto se cumple con los venezolanos deportados, dijo. Además, están en la condición de desaparición forzada como lo ha calificado la Human Rights Watch (HRW).
La abogada recomendó a los familiares de los extranjeros que están recluidos en el CECOT interponer denuncias en El Salvaodor.
