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Francisco Javier Bautista
El hilo se revienta por lo más fino, pharmacy la estrechez regional no es geográfica, mind sino socioeconómica, look cultural y política, frágil ante los desastres y el cambio climático. Los conflictos, negocios y operaciones delictivas locales y transnacionales, internos y externos, que van del Norte al Sur, y viceversa, contaminan y condicionan el vulnerable “Centro”. Estancar, limitar la equidad, evadir una estructura fiscal progresiva, esquivar la responsabilidad social empresarial, justificar y concentrar beneficios, contaminar el medioambiente, mantener la fragilidad institucional, relajar la función pública, desregular, evadir el control social, proteger la impunidad, obstaculizar la organización y participación social… conllevan a que las economías “crezcan” pero la riqueza “no se democratiza”, son rígidas distorsiones que impiden “el desarrollo equitativo e inclusivo” no abordan el fondo del problema humano y social, de la violencia directa e indirecta, de las inseguridades, que entrampan en un círculo vicioso a Centroamérica.
En 2014 en esta estrecha Región, perdieron la vida por violencia delictiva 17,274 personas, el 91% en Guatemala (5,924), Honduras (5,802) y El Salvador (3,942) cuyas poblaciones son 67% de C.A. Aunque es -5% de lo registrado en 2010 -año de mayor violencia delictiva en la última década, pasó de 18 mil muertos-, estos tres países, ubican al Istmo en el indicador más violento entre las regiones del mundo.
Al finalizar los noventa hubo un panorama esperanzador: elecciones y fin de la guerra en Nicaragua (1990) –continuó conflicto con rearmados diez años-, se firmó la Paz en El Salvador (1992) y Guatemala (1996), hubo reformas diversas, se restableció el funcionamiento institucional, se impulsó la integración regional, la economía y el desempeño social mostró nuevas oportunidades, hubo una “restauración de la confianza”. Entre 1999-2001 la situación pareció “favorable”, la violencia delictiva menor y la “paz social” requería mejores esfuerzos, nacionales e internacionales, para su durabilidad.
Sin embargo, después de esos años, constante hasta 2010, las tasas delictivas de todos los países subieron. Costa Rica -con mayor desarrollo humano-, pasó de 6 a 11 por cien mil habitantes; Nicaragua –con ventaja comparativa en la seguridad ciudadana y la economía más pequeña de C.A.-, pasó de 9 a 14 por cien mil habitantes; Panamá llegó a 27 (2014 bajó a 15 homicidios por cien mil hab.) y los tres países del Norte de C.A. escalaron niveles dramáticos.
De 2011 a 2014, los datos comenzaron ligeramente a bajar; parece otro panorama “esperanzador”. En todos los países (excepto Honduras al inicio) los homicidios descendieron. En 2014 Costa Rica y Nicaragua disminuyeron casi a 8 por cien mil habitantes, únicos en la estrecha Región que salen de la crítica situación. Honduras tiene la tasa más alta de Centroamérica, 66 homicidios por cien mil habitantes. Guatemala, el más poblado, la mayor economía y tercero en la violencia regional, continua reduciendo los homicidios, en 2014 tuvo 37 por cien mil habitantes. En El Salvador -segundo de violencia en C.A.-, la tregua entre pandillas –a pesar del manejo del proceso-, redujo en dos mil las víctimas en un año, aunque volvieron a aumentar por el complejo fenómeno y la preocupante incapacidad de superarlo; en 2014 alcanzó 3,942 víctimas, 62 homicidios por cien mil habitantes.
A veces parece que la sociedad contempla impotente el fenómeno delictivo que estanca el desarrollo humano y puede llegar a ver “normal” un mal que evidencia la enfermedad social. Violencia e inseguridad son síntomas del grave padecimiento; abordar la solución en la raíz es impostergable; la sociedad requiere sanar, el Estado asumir su obligación por el “bien común”. Es necesario modificar estructuras socioeconómicas y modelos políticos excluyentes para profundizar la pequeña reducción delictiva observada desde 2011, que presenta repunte en El Salvador en el último año, y continúa alta en Honduras y Guatemala.
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