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@GloriaCoLatino
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) inauguró el “Seminario Regional sobre Violencia Institucional contra las Mujeres” en el cual, abordaron nuevos escenarios de tensión de extrema violencia contra las mujeres “Es esa violencia donde el concepto cultural y la discriminación de desigualdades de género, se le suman otros escenarios vinculados al Crimen Organizado; y las diferentes dimensiones de la violencia institucional con la creciente impunidad y desconfianza de las mujeres hacia las instituciones”, manifestó Vilma Vaquerano.
Vaquerano consideró importante estas actividades que sirven para dimensionar una de las modalidades de violencia y calificó de avances la entrada en vigencia de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia (LIEV) en el país, y algunos esfuerzos desplegados en ese orden.
No obstante, consideró que deben desmontarse prácticas de violencia institucional que se origina en agentes del Estado e instituciones, las que tienen que ver con el acceso a la justicia y el pleno goce o cumplimiento de los derechos de las mujeres.
“Se debe respetar su autonomía política, participativa y de su cuerpo, con una visión mucho más amplia que es clave en el combate a la violencia a las mujeres, se debe tomar en cuenta; sabemos que la LEIV tiene poco de haber entrado en vigencia (2012), se ha venido dando una adecuación de infraestructura institucional y fortalecimiento de capacidades, normativas, pero hay obstáculos que deben superarse, porque tienen que ver con situaciones sexistas, prejuicios, sesgos de género, que aún están en el funcionariado y que no es tan fácil de superar”, indicó.
Sobre la violencia institucional reiteró Vaquerano que se ha trabajado muy poco, porque las instituciones no cuentan con suficientes registros estadísticos, aunque remarcó que las mujeres denuncian sobre todo, violaciones a sus derechos en temas claves como la participación política y sus derechos humanos, porque un decreto o una ley aprobada, no significa que se superan los obstáculos que enfrentan las mujeres.
Valentina Ballesta, representante de la CEJIL, coincidió que se debe discutir cuáles son las obligaciones del Estado y su desempeño, no solo en la erradicación de la violencia, sino también en prevención, en cuanto a la discriminación contra las mujeres. “Mientras eso no ocurra, la violencia seguirá reproduciéndose y en este caso es importante tomar en cuenta la violencia institucional, porque es el propio Estado el que reproduce la violencia y manda el mensaje a la sociedad y sus funcionarios que ese comportamiento es tolerado y se mete en ese círculo ”, señaló.
Para Ballesta, en la región se registran múltiples formas de violencia institucional que se presentan como la obstaculización del acceso a la justicia y la elevación de la impunidad de casos de violencia contra las mujeres; sumado a la falta de reconocimiento de los contextos específicos de violencia contra mujeres, cuando estamos hablando de un Estado que tiene el deber superior de proteger y prevenir que ocurra esa violencia.
“Esto tiene que pasar por muchos ámbitos, pero básicamente tiene que ser -voluntad política- para enfrentar este tipo de situaciones, un cambio real, donde la sensibilidad sea importante con los funcionarios porque el Estado es el primero en emitir leyes. Si una mujer acude a un tribunal a buscar justicia que no le sean aplicados los estereotipos de género a través, de los propios funcionarios como jueces o abogados que le dicen “ella se lo buscó” o “llevaba una falda muy corta”, ese tipo e estereotipos son los que no se pueden tolerar por parte del Estado, y no podemos avanzar hacia sociedades más igualitarias si no se supera esto”, puntualizó.
