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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, aseguró, al presentar los hallazgos relevantes del estudio sobre la : Percepción de la Violencia Laboral en el sector Público y Privado, afirmó que de “cada 100 empleadas encuestadas 57 de ellas reportaron haber sido víctimas de discriminación y humillaciones por diversas causas en sus lugares de trabajo”, que se evidencia la violencia laboral en ambos sectores.
Con 1, 021 cuestionarios, como parte de lavencuesta que respalda la investigación, Urquilla, señaló, que llamaba la atención, que las personas que vivieron esos momentos de discriminación o humillación en el trabajo como el acoso laboral, acoso sexual, gritos y desprecio.
“En distintas formas, la violencia laboral afecta a una proporción importante de trabajadoras o empleadas de los sectores público y privado, y persiste el acoso sexual tanto en el sector público como en el privado. De cada 100 encuestadas 12 reportaron esa forma de violencia durante el proceso de contratación, es decir, la parte empleadora suele acosar sexualmente a las mujeres a cambio de un puesto de trabajo”, manifestó Urquilla.
Para Urquilla, es importante rescatar de la investigación que las mujeres embarazadas que participaron en esta investigación, reportaron ser víctimas de discriminación y trato humillante. 23 de cada 100 mujeres, recibieron este tipo de trato humillante por su embarazo, que se constituye en una agresión “psicológica y emocional”.
Esta agresión está reconocida en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en sus artículo 9, y a su vez, como expresión de violencia laboral en el artículo 10, literal c, de la misma normativa.
“Se registró también que pese a que el Código de Trabajo en su artículo 113, prohíbe claramente el despido de trabajadoras durante el embarazo y la etapa de lactancia, de cada 100 empleadas, 4 han sido despedidas en esas condiciones, mientras que 96 no reportan el incumplimiento a esa normativa laboral”.
“Así también, el Código de Trabajo, en su artículo 30, prohíbe la exigencia de la prueba de embarazo para solicitar empleo, esta violación a la ley persiste. De cada 100 empleadas 10 reportaron esta vulneración a su derecho laboral, es un incumplimiento de la normativa laboral”, explicó Urquilla.
Mientras, otro grupo de las mujeres que participaron de la encuesta, comentó Urquilla, reportaron que es difícil obtener permisos para cumplir con responsabilidades familiares. Y según el estudio de cada 100 mujeres, 10 recibieron amonestaciones por esta causa. Y, 4 de ellas, reportaron haber sido despedidas luego de solicitarlo al empleador que incumple el artículo 29, del Código de Trabajo que ampara a clase trabajadora.
“Otro de los hallazgos es el impago de la indemnización por despido, que es otra práctica frecuente en el mercado laboral salvadoreño. Descubrimos, que 30 de cada 100 personas trabajadoras reportan despido y de estas solo 2 recibieron la respectiva indemnización, mientras que 38 no recibieron esa prestación de ley, y de estas solo 9 interpusieron la demanda correspondiente”, manifestó.
“Es preocupante”, agregó Urquilla, al referirse a la atención de las trabajadoras en sus demandas o avisos a la institucionalidad que garantiza sus derechos laborales. De cada 100 encuestadas solo 4 recibieron un trato adecuado. De las 15 trabajadoras que interpusieron una demanda, solo 1 fue atendida adecuadamente, lo que cuestiona el desempeño del personal de los órganos del Estado.
En cuanto a la búsqueda de asistencia psicológica por causas de carácter laboral, Urquilla mencionó, que solo 2 personas de cada 100 lo hicieron y que la tendencia fue buscar este tipo de apoyo en instituciones no gubernamentales, que consideró, reafirma la necesidad que mejoren su trabajo las instituciones garantes de derechos laborales y las que deben proteger el derecho de las mujeres.
“Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social le recomendamos realizar una reingienería en sus distintas dependencias a efecto de lograr eficiencia y calidad en los servicios que brindan, dando así cumplimiento al mandato constitucional ministerial que tiene. Y leyes que protejan los derechos laborales”.
“Al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, les recomendamos promover la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que representa una oportunidad histórica para configurar el futuro del trabajo basado en la dignidad y respeto”, advirtió Urquilla.
Asimismo, recomienda a la Procuraduría General de la República, en la jurisdicción laboral, garantizarle al trabajador un “servicio efectivo y de calidad” desde sus funcionarios, a través de la calidez humana, celeridad de resolución de la demanda interpuesta y erradicar prácticas de revictimización o discriminativas.
“A la Asamblea Legislativa, dado que su mandato corresponden la formulación de leyes o aprobar instrumentos legales, les recomendamos establecer un nuevo marco jurídico institucional relativo a la inspecciones de trabajo, a fin de que los empleadores cumplan con la normativa laboral y seguridad social, así como solucionar los conflictos laborales y erradicar el acoso”, puntualizó Urquilla.
