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Iosu Perales
La violencia machista no es la mera suma de agresiones de todo tipo contra las mujeres, sino la resultante sistémica y generalizada de un modelo de dominación patriarcal que sostiene la cosificación de las mujeres como propiedad de los hombres. Hoy, es imposible ocultar el carácter público de la desigualdad, de la discriminación, de la violencia, que no son hechos privados, sino hechos sobre los que la política debe ocuparse. Precisamente las ideologías conservadoras quisieran que los malos tratos y asesinatos de mujeres quedaran como hechos producidos dentro de las paredes del hogar, como un asunto entre el asesino y su víctima, negando de esta manera la dimensión social y política de esa violencia.
Es verdad que no toda violencia en contra de las mujeres se ejerce en función del género. Pero la violencia mayoritaria que se practica contra las mujeres por ser mujeres se fundamenta en la imposición de roles de género, y el sostenimiento del statu quo de la dominación y control de las mujeres. Es femicidio. Y como quiera que esto ocurre en un marco económico y político es difícil sostener una desvinculación de la violencia machista con el modo en que se organiza la sociedad. De hecho hay políticas contra la violencia machista, lo que significa el reconocimiento de que la política tiene mucho que decir, pero que también ha mirado para otro lado. Es así que el género y las relaciones de género se introducen en la agenda política de partidos e instituciones, por la presión social y políticas de los movimientos feministas. Entonces más que nunca lo privado se hace público.
Si la política trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los Estados, quiere decir que es responsable de los progresos pero también de los retrocesos; de la paz pero también de la guerra; de los avances en las relaciones de género pero también de las violencias contra las mujeres. Los Estados y los gobiernos no pueden lavarse las manos. Quién tenga dudas debe pensar en el siguiente dato: el informe de Naciones Unidas de 2017, nos dice que 67.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y otras 20.000 por algún familiar. ¿No es un genocidio? Cierto que los culpables directos son sus asesinos, pero ello no adelgaza la responsabilidad de los poderes públicos que, con frecuencia, actúan muy por debajo de sus obligaciones o que como en Tijuana miran para otro lado. Afortunadamente, cada vez más, las sociedades toman conciencia de que el problema es público y no se puede mirar para otro lado.
La dimensión política de la violencia machista nos remite a la reivindicación de que las víctimas sean reconocidas por las instituciones y por la sociedad al mismo nivel que otras violencias. La denuncia de todas las violencias y la memoria, justicia y reparación, debe serlo también para las mujeres asesinadas. No caben víctimas de distinta importancia y diferente reconocimiento. Hay que reconocer que la violencia contra las mujeres es un crimen de lesa humanidad concretado en un ataque sistemático a una parte de la población por razón de ser mujeres. Cuando en nuestros pueblos y ciudades se hacen foros y eventos contra todas las violencias, no debiera pensarse solamente en clave de aquellas que se producen en el ámbito de lo que tradicionalmente se entiende por político. Hay que recuperar también a las mujeres víctimas del machismo, su memoria, como parte de la historia violenta de nuestros pueblos y ciudades.
Asunto diferente es que la violencia machista no debe ser de ninguna manera un asunto partidista y menos electoral. Ningún partido político tiene derecho a apropiarse de la lucha contra la violencia de género. La batalla debe implicar a todos y todas, de un modo transversal. La violencia machista exige un pacto de Estado que ponga en marcha medidas educacionales, preventivas, de protección, judiciales y de castigo a los culpables. Medidas que deben ser dinámicas, alertas siempre a su mejora y eficacia. Por ejemplo, hay que limpiar los procesos penales de todo rastro de misoginia para que no sigan siendo un infierno para mujeres denunciantes.
Creo que la palabra que resume la lucha contra las violencias de diferente grado que sufren las mujeres es la igualdad. La igualdad es nada más y nada menos que una enmienda a la totalidad de nuestro modelo de sociedad, incapaz de combatir adecuadamente la lacra de la violencia contra las mujeres. Cambiar el modelo de sociedad es una tarea de toda la sociedad, pero su dimensión política es extraordinaria. La política que está en todas partes, está obligada a cumplir su promesa de servir para instalar la concordia entre las dos mitades de la población. Un ejemplo, la economía del cuidado es un componente del modelo capitalista que reclama cambios y que explica muy bien el patriarcado: la actividad productiva ha sido posible por el trabajo doméstico (no remunerado), y la doble y triple jornada de muchísimas mujeres que sostiene la vida familiar y el trabajo de los hombres en las fábricas.
La violencia machista es una forma específica de agresión a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Si ya es gravísimo que se mate a una persona por sus ideas -algo abominable- hacerlo por haber nacido mujer es tanto o más brutal. Es lo que está pasando. Se mata por poder y para el poder. En cambio, el feminismo no mata. No hay mujeres asesinando a hombres en nombre del feminismo. El feminismo es pacífico. Por eso cuando algunas voces equiparan feminismo con machismo, hacen el ridículo. El machismo destruye y perpetua la desigualdad, el feminismo construye y busca una mejor vida para todas y todos.
