Rebeca Henríquez
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
La participación política de las mujeres en El Salvador sigue siendo una lucha constante y difícil. Así lo aseguran diputadas, exdiputadas y defensoras de derechos humanos, quienes también apuntan que, desde la llegada del actual Gobierno y la cooptación de los poderes del Estado de parte del oficialismo, ser de oposición se ha convertido en un agravante para la violencia política.
En febrero de 2021, la Asamblea Legislativa saliente aprobó una reforma al artículo 10 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), a fin de incluir la “violencia política” como delito y como uno de los tipos de violencia que sufren las mujeres por razones de género. Previo a esta reforma, no existía ningún marco legal que tipificara este delito.
Para la prevención y atención de casos de violencia política contra las mujeres, el Órgano Legislativo ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la elaboración de un protocolo de atención para las mujeres víctimas de este tipo de violencia en el ámbito electoral, con el objetivo de realizar diagnósticos para orientar el diseño de acciones concretas para conocimiento de las instituciones correspondientes.
Sin embargo, el organismo colegiado cumplió con esa disposición hasta octubre de 2023, cuando lanzó, en el marco de las elecciones de 2024, el “Protocolo para la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia política”, con el fin de “garantizar, proteger y tutelar los derechos políticos de las mujeres en El Salvador”.
Pese a que la violencia política se tipificó como delito en 2021, hasta septiembre de 2023 el Tribunal “no recibió ninguna denuncia”; es decir, el periodo previo a la campaña electoral. Así lo informó la institución en un reporte de respuesta a una solicitud de información pública.
Pero, de octubre a diciembre de ese mismo año, con las elecciones a la vuelta de la esquina y el protocolo en marcha, la Unidad de Género del TSE recibió siete casos y, de enero a marzo de 2024, recibió cuatro más, haciendo un total de once denuncias por violencia política.
La abogada y coordinadora del área de inclusión social de Cristosal, Claudia Argueta, enfatizó que la LEIV es el resultado de compromisos internacionales que el Estado salvadoreño asumió para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, una normativa que les brinda opciones para denunciar las violencias que a diario se cometen en su contra.
Según explicó Argueta, con la reforma de 2021 la ley señala que se deben crear registros de casos de violencia política contra las mujeres, tener estadísticas y compartirlas mensualmente con otras instituciones del Estado, como la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo, para que puedan actuar en caso de comisión de delitos.
“Deberían de hacerse de manera periódica estos reportes y saber si hay violencia política”, comentó. Agregó que los casos de violencia política, incluso, llegan a estar “normalizados” y, como abogados, “toca leer y profundizar más para darnos cuenta de que hay escenarios que son violencia política contra las mujeres, pero que son tan normales que ya no los vemos así”.
Las once denuncias que recibió el TSE fueron admitidas, resueltas y enviadas a la FGR, “en razón de que los hechos denunciados, constituyen uno o varios delitos”. Sobre este caso, Argueta sostuvo que son las mujeres quienes están activando este mecanismo, “pero sabemos que también hay un gran porcentaje de mujeres que probablemente no lo hacen y es porque hay desconfianza en las instituciones del Estado”.
“Si el Tribunal ha ordenado la remisión de los once casos a la Fiscalía es justamente porque ha identificado que hay comisión de delitos. La Fiscalía, sin duda alguna, debe profundizar en sus investigaciones y judicializar eventualmente los casos; es decir, iniciar procesos en contra de los agresores para que sean investigados”, dijo.
Diario Co Latino requirió a la Fiscalía, vía solicitud de información pública, el número de casos de denuncias, quejas o avisos sobre violencia política que se hubieran recibido desde febrero de 2021 a abril de 2024, así como cuántos de los casos habrían sido admitidos o llevados a sede judicial. La institución resolvió que dicha información “no se encuentra generada”.
“Sí, pero yo no estoy de acuerdo”
Los ataques de violencia política contra opositoras han estado presentes en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2021-2024. Uno de ellos fue en la sesión plenaria ordinaria del 23 de enero de este año, cuando a la diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, se le apagó el micrófono durante una intervención en el pleno.
Fue el mismo presidente de la Asamblea y diputado de Nuevas Ideas (NI), Ernesto Castro, quien interrumpió a la legisladora, reelecta en este periodo, cuando lo cuestionó durante el debate de una solicitud de las Comunidades de Fe en Acción (COFOA) para reformar la “Ley especial de regularización de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional”.
“Sí, pero yo no estoy de acuerdo con nada que usted proponga”, le respondió Castro, al mismo tiempo que le apagó el micrófono.
“Cuando se me apagó el micrófono, por parte del mismo presidente de la Asamblea, esto constituye un acto de violencia política en el cual se coarta mi derecho de participación como diputada en funciones”, comentó Ortiz recientemente a este medio.
Agregó que no ha sido el único caso, pues se han registrado “otras expresiones o, incluso, colegas diputados que, de alguna manera, también están reproduciendo un mensaje de odio hacia quienes ejercemos una disidencia política o que planteamos ideas diferentes de las que plantea el partido que está en el poder”.
Para la abogada de Cristosal, los ataques a las mujeres activas en la política se han normalizado y algunos incluyen discriminación por acciones o comportamientos que no son criticados de la misma forma en el género masculino.
“Actualmente, las diputadas de oposición no sólo se van a enfrentar a este tipo de situación de violencia dura, cruel, de burlas; a veces también son ignoradas cuando exponen sus puntos de vista en las sesiones plenarias. Todo esto es un hostigamiento que es violencia política contra las mujeres”, acotó.
La exdiputada por el FMLN (2021-2024), Anabel Belloso, añadió que la violencia política hacia las mujeres también surge “a partir de las voces de funcionarios del actual Gobierno” y criticó que, pese a recibir agresiones públicamente en la Asamblea, el resto de diputados y diputadas fueron cómplices al guardar silencio.
Belloso hizo énfasis en que en el periodo recién pasado no se activaron las instancias que intervienen en casos de violencia política dentro de la Asamblea, como el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), la Unidad de Género Institucional y la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Estas tres instancias eran conocidas como “la tríada legislativa”.
“¿Qué era el GPM? Un espacio donde todas las diputadas, de todos los partidos representados en la Asamblea, estábamos ahí presentes; establecimos (en períodos anteriores) una agenda de consenso donde el tema de la violencia era una de las prioridades. Pero en este periodo (2021-2024) ese espacio no se activó, no se articuló”, dijo.
Este medio de comunicación buscó una entrevista con la diputada de NI y presidenta de la Comisión de la Mujer, Alexia Rivas, pero no respondió a la solicitud.
La diputada Ortiz coincidió con Belloso en dicha crítica y sostuvo que no existió una intención de promover instancias donde se garanticen los derechos de las mujeres. “Más bien la intención es que no existan”, dijo y señaló que la agenda del oficialismo en el tema de las mujeres es “coyuntural”.
“Esta Asamblea Legislativa, y especialmente la Comisión de la Mujer, solo ha reaccionado a coyunturas de aumento de cifras de feminicidios en momentos determinados, o a coyunturas donde sale en los medios que es una comisión que casi no trabaja”, dijo.
Violencia electoral
La Asociación Nacional de Regidoras y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS), cuyo trabajo es promover la participación de las mujeres a través del fortalecimiento de sus capacidades e impulsar procesos inclusivos hacia la democracia paritaria y de empoderamiento económico, político, social y digital dentro de los territorios, reveló en un informe que, solo en el contexto de las elecciones del 4 de febrero, se registraron 135 hechos de violencia.
El 92 % de los hechos fueron dentro de los centros de votación, en mayor medida en San Salvador, y los agresores fueron ciudadanos, integrantes de partidos políticos y miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV). Estos datos resultaron luego de desplazar a 102 observadoras, debidamente acreditadas por el TSE, en 102 centros de votación. Se observaron 61 municipios (ahora distritos) a escala nacional.
En cuanto a los tipos de violencia que se registraron están la violencia psicológica y emocional (74 %), simbólica (17 %), sexual (6 %) y física (3 %). Dentro de la violencia psicológica y emocional observada estuvo el maltrato, difamación, gritos, burlas a su vestimenta, imagen y condición física. Además, destacan con el 24 % los insultos, las frases humillantes con el 21 % y las frases sarcásticas con el 18 %.
Para las elecciones de alcaldes y Parlamento Centroamericano, ANDRYSAS reportó 96 hechos de violencia. San Salvador también destacó con el mayor número de casos y los agresores, en mayor medida, fueron hombres bajo el perfil de ciudadanos, simpatizantes de partidos políticos e integrantes de JRV.
Pese a la aprobación del protocolo del TSE, la violencia política contra las mujeres quedó en evidencia durante los procesos electorales de este año.
Un ejemplo de ello fue Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos y derechos laborales, quien ha participado en los procesos electorales desde que cumplió la mayoría de edad. Basándose en su experiencia, aseguró que este año la violencia hacia las mujeres políticamente activas fue directa; “sin pena” y “sin miedo a las consecuencias”.
Escobar fue violentada en su derecho como ciudadana para defender la transparencia del proceso electoral y también se vio denigrada como mujer, al ser víctima de expresiones verbales de amedrentamiento, con frases como “ahí viene la histérica” por parte de personas afines a NI, lideradas por Franklin Nolasco.
Nolasco es gerente de Operaciones Legislativas y presidente del Tribunal del Servicio Civil, y fungió como vigilante durante el escrutinio final de las Presidenciales y Legislativas, a pesar de que el artículo 218 de la Constitución de la República establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política”.
El funcionario en cuestión, según relató Escobar y presenció este medio durante el reporteo electoral, envió a un grupo de simpatizantes oficialistas a seguirla durante todo el proceso de escrutinio, la noche del 17 de febrero.
La defensora de derechos humanos denunció las irregularidades del proceso, a pesar de que fue amenazada por la FGR, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes la intimidaron y amenazaron con procesarla por su rol de denuncia.
“La violencia contra las mujeres en los procesos electorales, indudablemente, ha aumentado y se lo digo por experiencia propia, que he tenido ataques incluso de los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, que son los que por Constitución crean y aprueban las leyes, pero ellos mismos las irrespetan”, puntualizó.
¿Justicia para quién?
Pese a que se dio un primer paso en cuanto a la incorporación y la tipificación de la violencia política, la exdiputada Belloso considera que esta es uno de los mayores obstáculos que, actualmente, enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos de manera plena. Agregó que las leyes siguen siendo inadecuadas para proteger los derechos de las mujeres políticamente activas en El Salvador.
“Aunque la LEIV es uno de los marcos normativos bien amplios y que tiene un buen desarrollo, todavía tiene elementos que incorporar y, en este ámbito de la violencia política, el tema sancionatorio todavía no está bien desarrollado”, dijo.
A esto se suma que las instituciones encargadas de hacer justicia están parcializadas con funcionarios aliados al oficialismo, como lo son la FGR, la PGR, la PDDH y la CSJ.
En ese contexto, Ingrid Escobar, también abogada, planteó que, ante las posturas de instituciones estatales a favor del oficialismo, se debe recurrir a instancias internacionales, a pesar de ser procesos extensos y que, en muchas ocasiones, requieren de colectivos de víctimas que presenten denuncias.
En casos completamente distintos, la justicia salvadoreña se puede notar parcializada ante las respuestas positivas que las sedes judiciales han dado a diputadas de Nuevas Ideas en denuncias presentadas por expresiones de violencia.
En diciembre de 2023, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador emitió una condena contra Luis Alexander Rivas Samayoa, mejor conocido como “El Comisionado”, por expresiones de violencia dirigidas a cuatro diputadas oficialistas: Alexia Rivas, Marcela Pineda, Rebeca Santos y Ana Figueroa.
La condena tuvo como base la difusión de mensajes misóginos y denigrantes contra las funcionarias; por ello, debió pagar seis salarios mínimos y $2,500 a cada una.
Ese mismo juzgado, en febrero de este año, condenó a seis años de prisión a Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, por acoso a través de la tecnología de la información y la comunicación, en perjuicio de la diputada Alexia Rivas. Fue condenado a pagar $3,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de Rivas y diez salarios mínimos al Estado.
Sin embargo, la diputada reelecta por el partido Arena, Marcela Villatoro, no ha corrido con la misma suerte, luego de presentar en 2023, ante la Fiscalía, denuncias por violencia.
Villatoro denunció a un caricaturista por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación, ya que publicó una imagen ofensiva en su contra. También presentó una denuncia en contra del entonces diputado de GANA, aliado del oficialismo, Romeo Auerbach, por expresiones de violencia contra la mujer, delito incluido en la LEIV, y por el acoso a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
El exdiputado Auerbach tildó a la legisladora de “pandillera” y “Miss Bulgaria”, luego de una intervención de la funcionaria en una plenaria de abril del año pasado.
El artículo 27 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos señala que “el que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
Desde que se presentó la denuncia, en abril de 2023, la diputada no obtuvo respuesta por parte de las autoridades y fue hasta el 1 de febrero de este año que la Fiscalía la citó ante el Instituto de Medicina Legal, para rendir declaración sobre el proceso legal de acoso en contra del diputado y el caricaturista.
El 30 de mayo recién pasado, la legisladora informó, vía X, que envió a la fiscal del caso y a Medicina Legal “nuevos ataques” del exdiputado. “Ya va un año y ustedes no proceden @FGR_SV. Si fuera de Nuevas Ideas esto ya estaría hasta con condena. ¿Cuántas agresiones más vamos a tener que soportar?”, escribió.
La abogada de Cristosal sostuvo que “muchas mujeres se han visto violentadas, últimamente, por expresar sus opiniones y por defender los espacios democráticos que, poco a poco, se han ido cerrando”. Agregó que la implicación que tiene que instancias como la CSJ y la Fiscalía estén ligadas al oficialismo y al Ejecutivo genera “preocupación”.
“Pueden volverse, sin duda alguna, instrumentos que no son imparciales. Es decir, parcializar estas investigaciones, sanciones y seguir lineamientos que vienen bien específicos de un eje central gubernamental”, dijo Argueta.
Actualmente, la Asamblea Legislativa, ahora con 60 curules en lugar de 84, cuenta con la participación de 19 mujeres. Sólo dos de ellas son de partidos de oposición: Claudia Ortiz y Marcela Villatoro.
Pese al difícil panorama que implica actualmente ser una mujer política de oposición, sumado a marcos legales débiles e instituciones afines al oficialismo, tanto las legisladoras como defensoras de derechos humanos han reiterado públicamente su compromiso por continuar con la denuncia de las arbitrariedades y el abuso de poder.