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José M. Tojeira
Hace años, healing cuando mataron a los jesuitas, there el P. Francisco Estrada, inmediato rector tras el asesinato de sus compañeros de la UCA, marcaba la ruta a seguir con tres palabras: Verdad, justicia y perdón. Aunque por supuesto se pueden y se deben añadir más palabras en la medida en que se desarrolla una estrategia contra la violencia, lo cierto es que esta breve sentencia marca un camino imprescindible en la superación de la criminalidad. Sin verdad ni puede haber justicia ni perdón. Porque efectivamente, no se puede perdonar lo que no se conoce. Y la verdad es imprescindible para el conocimiento. En el caso actual, cuando muchos en el país se concentran en las maras como el gran enemigo a vencer, es imprescindible recordar que sin verdad no vamos muy lejos. Y la violencia en El Salvador no son sólo las maras. Los bajos salarios, la riqueza escandalosa de algunos frente a la pobreza de muchos, la corrupción impune y rampante, el individualismo y la indiferencia ante el dolor ajeno son parte de ese entramado que crea, alimenta y reproduce la violencia. Mientras no enfrentemos con seriedad el funcionamiento de la sociedad salvadoreña y comencemos a cambiarlo, la violencia difícilmente desaparecerá. Cuando el partido ARENA dice que quiere colaborar en la lucha contra la violencia, tiene que plantearse con mucha seriedad tanto la necesidad de pedir perdón por haberla fomentado en el pasado con algunos de los factores anteriormente mencionados, como mostrar una apertura a la justicia social mucho mayor que la de momento manifiesta. Y el actual gobierno del FMLN tiene también que enfrentar con mayor energía y seriedad los problemas señalados. Sin verdad y sin plena coherencia con ella, no iremos muy lejos.
En este contexto hay que enfocar la segunda de las palabras: la justicia. También la justicia se ha convertido en El Salvador más en problema que en solución. Porque el sistema judicial sigue siendo un sistema corrupto, lento, engorroso y con frecuencia dúctil y sensible a las presiones políticas. Las acusaciones contra jueces son frecuentes, y los controles de la honradez de los juzgadores son lentos, burocráticos y poco eficientes . El servicio al público muy poco trasparente y de difícil comprensión para la gente común. Si para agilizar trámites y procesos se contrata a abogados particulares, el costo termina siendo prohibitivo para la mayoría de la gente. Y eso si no se tiene la mala suerte de toparse con un abogado sanguijuela, que los hay, que terminará estafando o robando a quien le solicita sus servicios. La Constitución dice en el artículo 17 que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia” con responsabilidad directa del funcionario y subsidiaria del Estado. Si se cumpliera ese artículo, algunos magistrados de Salas de la Corte Suprema ya estaría arruinados por las repetidas y sistemáticas indemnizaciones que habrían tenido que pagar. Y el hecho de que más de treinta años después de haber sido emitida la Constitución, todavía no haya ley secundaria que determine los montos de las indemnizaciones muestra esa irresponsabilidad y pereza jurídica que en tantos aspectos sigue imperando en el sistema de justicia.
Con la falta de verdad sobre nuestra realidad injusta y con la lentitud con que avanzan los necesarios cambios sociales no iremos muy lejos en la lucha contra la violencia. Pero también hay que decir que con un sistema judicial como el actual el camino se hace muy cuesta arriba. Los que en los últimos 25 años hemos seguido el accionar de la Fiscalía no podemos estar contentos con ella, aunque también conozcamos la absurda falta de apoyo público y estatal que ha tenido durante todo este tiempo. El sistema judicial en muchos casos apesta. Y aunque hay buenos jueces, y algunos han logrado ubicarse en zonas importantes del sistema, todavía son menos que aquellos que han tirado la toalla y se conforman con la miseria de su institución, y dejan que florezcan aquellos para quienes la justicia sigue siendo un negocio o un centro de trapicheo y beneficios. Y en cuanto a la PNC, es claro que necesitamos cambios sustanciales. No puede ser que las tres primeras promociones de la PNC sigan siendo los líderes permanentes de la institución. Sólo imaginemos que la tandona famosa siguiera mandando en la Fuerza Armada de hoy. Aunque la composición humana de la dirección de la PNC es claramente muy distinta a la de la tandona, y por supuesto mucho mejor humanamente hablando, lo cierto es que no puede seguir teniendo el liderazgo el mismo grupo durante 20 años. Y más teniendo en cuenta los escasos resultados contra la delincuencia a lo largo de este período. El fenómeno de las maras no fue adecuadamente seguido desde el principio, ni en el análisis gubernamental de la época, ni a nivel policial. Con demasiada frecuencia se utilizó políticamente la PNC, y alguno de sus directores tenían explícitamente un pasado con vínculos criminales y de guerra sucia. Entrarle a un revisión independiente de la PNC , así como del sistema judicial, sigue siendo una tarea pendiente en el país.
El perdón puede brotar cuando la verdad y la justicia llevan a la rehabilitación. Pero el sistema carcelario no cumple con la tarea de rehabilitar. De hecho en el lenguaje común periodístico el tema de la rehabilitación está sustituido por el de la mano dura. Y no digamos las intervenciones y comentarios en las redes sociales. Necesitamos rehabilitación de los delincuentes y somos el país latinoamericano con mayor hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. Tarea realmente difícil en esas condiciones a la que se añade el hecho de que nuestro sistema económico y social mantiene estructuralmente demasiados elementos de injusticia y sigue generando violencia y corrupción. Frase antigua ya la del P. Estrada, pero que sigue mostrando un camino necesario para superar la actual plaga de violencia e injusticia que tanto dolor produce en nuestro pueblo.
