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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” denunció las graves vulneraciones a los derechos humanos de salvadoreños y salvadoreñas, quienes en el marco de la pandemia del coronavirus, son sometidos a manejos sin control sanitario y condiciones inhumanas, en especial a connacionales deportados desde los Estados Unidos y México.
“Queremos expresar nuestra preocupación por los migrantes que piden asilo o que están siendo deportados, e incluso los varados por la situación que viven, que a pesar de la pandemia del COVID-19 continúan las deportaciones y como organización pro derechos humanos rechazamos esta situación”, dijo del coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio González.
Sobre las deportaciones, Mauricio González señaló que estas persisten y sin conocerse las cifras exactas, ni la garantía de los protocolos sanitarios como corresponde en una emergencia mundial por el coronavirus.
“Es inhumano y peligroso, circunstancia que ha sido calificada así por oenegés en Estados Unidos, pues representa un riesgo para nuestro país y países receptores. Y que, de acuerdo con diferentes instituciones de derechos humanos y publicaciones en diferentes medios, el Gobierno de los Estados Unidos no está cumpliendo los protocolos de prueba COVID-19 con las personas deportadas, en momentos que los viajes o vuelos están restringidos por seguridad sanitaria”, sostuvo.
Asimismo, señalaron que esta situación constituye verdaderas violaciones de Derechos Humanos, no solo en el ámbito de la atención de salud de las personas deportadas, sino también incide en los efectos de la pandemia durante el viaje, la recepción y el establecimiento de este proceso. Alejandro Díaz, jurídico de Tutela señaló que las organizaciones internacionales como “Médicos sin Fronteras” han evidenciado que las comunidades afectadas por violencia y población deportada en centros de cuarentena reciben el mayor impacto de la pandemia del COVID-19, con relación al acceso a servicios médicos y condiciones de prevención del contagio.
“Es preocupante que, ante el aumento de la pandemia, se continúe con esa política que se ha empezado acá, así como las cifras, no hay números claros sobre dos grupos: deportados y varados, pero han hecho solo una cifra y esto debe ser aclarado a la población. Esto tiene que ver con la resolución de la Sala de lo Constitucional, que definió que las medidas dispuestas por la Asamblea Legislativa deben aplicarse y que debe haber un plan de repatriación y seguir las medidas sanitarias, eso está claro”, afirmó Díaz.
Consideró que, a más de tres meses de la pandemia por COVID-19, ha sido evidente la descoordinación entre los tres órganos del Estado, así como la utilización política del tema, que genera al final un estado de vulnerabilidad a la población.
“No solo lo decimos nosotros, también otros organismos como Médicos sin Fronteras, que la situación de deportados o comunidades que viven la violencia (pandillas) aumenta el impacto. Así también, denunciamos que se ha dejado por fuera a la academia en el manejo y control de la pandemia. Y esto debe llevar a una concienciación del tema del Estado salvadoreño, para coordinar e implementar políticas consecuentes para disponer y atender las medidas sanitarias a la población”, agregó.
Sobre el tema migratorio, reiteró la preocupación por una nueva caravana de migrantes, como la de Honduras que salió el 30 de junio hacia los Estados Unidos, que solo evidencia la nula presencia del Estado para dar medidas alternativas a su población; gobiernos que, afirmó, como el salvadoreño que optó como “País Seguro”, en alianza con el gobierno de Estados Unidos, por algunas dádivas económicas, incluso cuando el sistema judicial estadounidense se niega a aplicar esas políticas.
