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Violentos incidentes por protesta en acceso al mayor aeropuerto de Argentina

Por Liliana Samuel/Daniel Merolla/Buenos Aires/AFP

Policías militarizados dispersaron con balas de goma y gases lacrimógenos a trabajadores que se resistieron a ser desalojados cuando bloqueaban la autopista de acceso al mayor aeropuerto argentino, nurse en un conflicto que derivó este martes en la declaración de quiebra de la firma empleadora.

Activistas gremiales que representan a unos 5.000 obreros de la segunda productora avícola del país fueron empujados a la banquina de la autopista y libraron una batalla campal con unos 250 gendarmes cuando reclamaban salarios adeudados.

La tensión se trasladó la noche del martes a una negociación en el ministerio de Trabajo, store donde su titular, Jorge Triaca, anunció que la justicia decretó el quebranto de la compañía Cresta Roja.

«La Justicia pidió al gobierno garantizar el sostenimiento de los activos de la empresa. Vamos ayudar económicamente a que los trabajadores pasen las fiestas con alimentos. Por ahora no hay ofertas empresarias para comprar (Cresta Roja)», dijo Triaca en rueda de prensa.

A su lado, Christian Villalba, delegado de los obreros, dijo que se espera «la ayuda del gobierno y a buscar un comprador para que la empresa siga produciendo». «Vamos a debatir en asamblea cómo seguimos la protesta», anticipó.

El conflicto gremial, la quiebra y los choques con represión fueron noticia dominante en Argentina este martes. Los gendarmes usaron también carros lanza-agua cerca del aeropuerto de Ezeiza (al sur de la capital), obstruido parcialmente desde la semana pasada por los obreros.

Un empleado que protestaba exhibió ante cámaras de televisión su espalda ensangrentada con los impactos de los perdigones de goma.

Unas de las cinco centrales obreras, la opositora Central de Trabajadores de Argentina (CTA) repudió en un comunicado «la brutal represión a los compañeros del Frigorífico Cresta Roja».

El antipiquete

La represión de la protesta marcó el inicio de un protocolo de seguridad bajo el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, para impedir los cortes de rutas, habitual forma de protesta en Argentina que genera caos de tránsito y rechazo de buena parte de la población.

Agrupaciones sindicales y partidos de izquierda apoyaron a los manifestantes. «Había infiltrados políticos en la protesta», denunciaron obreros a la televisión.

En los últimos días, centenares de pasajeros se vieron obligados a atravesar el bloqueo caminando y arrastrar sus maletas dos kilómetros al costado de la autopista hasta la estación aérea para no perder sus vuelos.

«Sufrimos una represión brutal. Nos habían dicho que podíamos seguir el corte. Pero hoy (martes) nos dieron cinco minutos para liberar la autopista por orden de Mauricio Macri. Tenemos entre 10 y 12 heridos», había declarado Villalba.

Los empleados de la empresa avícola dijeron que aspiran a «pasar la Navidad en paz, queremos la plata adeudada».

A dos días de la festividad navideña, la ruta quedó liberada este martes para los pasajeros de los vuelos.

Grupo Rasic quebrado

Cresta Roja dejó ahora de estar en manos del grupo empresario Rasic. Tiene dos plantas industriales, según su página web y, había recibido subsidios de la provincia de Buenos Aires (centro-este) para evitar la quiebra.

El desalojo violento de rutas y calles muestra un giro en el tratamiento de estas protestas, tras 12 años de haber sido permitidas durante los gobiernos centroizquierdistas de Néstor Kirchner (2003/2007) y Cristina Kirchner (2007/2015).

«Hace mucho tiempo que el Estado se había corrido de su rol de equilibrar entre dos derechos que colisionan (el de protestar y el de circular)», dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti en rueda de prensa.

Michetti afirmó que «Gendarmería (policía militarizada) cumplió con mandato» judicial de liberar la ruta, y destacó que el operativo se realizó «sin una situación dramática».

Gobierno interviene medios de comunicación social antimonopolio

El presidente argentino Mauricio Macri intervino este miércoles el ente de servicios Audiovisuales, controlado por un leal a la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), en otra derivación de la vieja pugna por la Ley de Medios entre el kirchnerismo con el grupo mediático Clarín.

«Se interviene por decreto. Toma decisiones sin atenerse a políticas del gobierno. Está en rebelión», afirmó el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, en rueda de prensa.

Mientras se producía el anuncio oficial, un fuerte operativo policial se desplegó en torno a la sede de la agencia de servicios Audiovisuales, donde se concentraban partidarios de la exmandataria.

El ministro Aguad había explicado que el gobierno ordenó un dispositivo de seguridad especial ante la posibilidad de que «se produjesen disturbios».

Martín Sabbatella, desplazado director de Audiovisuales, dijo estar dispuesto a resistir la medida, amparado en la Ley de Medios que le confiere mandato hasta 2017.

«Es un atropello brutal. Aguad ha expresado que la Ley de Medios tiene que desaparecer. Si es así tiene que ir al Parlamento, derogarla y hacer otra», había declarado Sabbatella antes de la intervención a radio 10.

Por su resistencia, Sabbatella fue ovacionado espontáneamente el domingo al ser reconocido cuando concurría al último concierto en un teatro de Buenos Aires del músico de rock Fito Paéz, cercano al kirchnerismo.

La Ley de Medios fue sancionada en 2009 con apoyo incluso de sectores de la oposición, para poner fin a monopolios mediáticos y abrir licencias de radio y televisión a organizaciones sociales.

«Estamos estudiando una convergencia tecnológica y de controles», respondió sin dar detalles Aguad ante una pregunta sobre si impulsará cambios a la Ley de Medios.

La Ley está impugnada en la Justicia por el grupo Clarín, uno de los más grandes conglomerados de medios de Latinoamérica, lo que inició una batalla judicial y una agotadora polémica diaria. La división antimonopólica nunca pudo aplicarse al grupo Clarín que apeló a los tribunales.

Los medios de Clarín denunciaban que el gobierno de Kirchner quería silenciarlos y el gobierno sostenía que la acusación era una excusa para defender intereses de grandes grupos económicos.

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