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Redacción Nacionales
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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señaló que el 1⁰ de junio de 2019 con el inicio de la actual gestión gubernamental, El Salvador vivió el rompimiento del bipartidismo y lo que parecía dar esperanza sobre la forma de hacer política, sin embargo, a tres años poco o nada ha cambiado a nivel estructural.
Asimismo, externó que la visión de gobierno abierto, plasmada en el poco conocido Plan Cuscatlán, ha sido incumplida en todo sentido, lejos de fortalecer los mecanismos de acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, en tres años hay un total rechazo al escrutinio público, a cualquier iniciativa de contraloría social y a la rendición de cuentas.
Según FESPAD, en este período el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha sido debilitado con el nombramiento de personas cuestionadas, y se ha reservado la mayor cantidad de información pública posible. La labor de la prensa ha sido atacada de forma constante, mayormente cuando se han revelado detalles poco convenientes para el gobierno, como los pactos con pandillas, o casos de corrupción cometidos por sus funcionarios.
Los ataques a la libertad de prensa y expresión se han ejecutado desde el ámbito digital, peligrosamente han trascendido al plano físico, cuando agentes de autoridad han actuado en detrimento de esta labor, está erosionada relación también se ha mantenido e incrementado con las organizaciones de sociedad civil.
Incluso, organizaciones e instancias internacionales han sido blanco de ataques directos provenientes de funcionarios, reconocidos voceros y a través de cuentas digitales anónimas a nivel de redes sociales. Hay pocos signos de independencia judicial, se ha roto el Estado de Derecho, y prácticamente hay una
concentración de poder, ya que todo el control de los tres órganos radica en el Ejecutivo rompiendo con el sistema republicano que ordena la Constitución.
“En cuanto al combate a la criminalidad, la apuesta principal ha sido la represión, estrategia ya experimentada y fracasada en otros gobiernos, el protagonismo que se le ha dado la Fuerza Armada ha ido en ascenso durante estos tres años, pasando de acompañar en tareas de seguridad a imponer su presencia en cualquier tarea determinada por el Ejecutivo, tener más presupuesto que otras carteras de Estado o dar vía libre para el abuso de autoridad”, expresó.
En su evaluación, FESPAD reiteró que el costo de la vida no ha percibido cambios, aunque se han tomado algunas acciones en ciertos rubros determinados como el precio de la gasolina, esto más bien responde a la improvisación y no a una estrategia medular para abordar el tema económico y la situación de pobreza en El Salvador.
La preocupación desde las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y comunidades ha ido en incremento tras los pasos que el gobierno va dando, de manera silenciosa, a nivel medioambiental; lo más reciente es la disolución del Fondo Ambiental de El Salvador, que debilitaría la institucionalidad ambiental.
Las amenazas de un retorno a la minería metálica, el poco interés a verificar el impacto de los mega proyectos extractivistas a las comunidades, el nulo acercamiento con las organizaciones para la formulación participativa de una Ley del Agua, y el recorte presupuestario a la cartera de Medio Ambiente han demostrado y reafirmado el poco interés por un abordaje preciso de este ámbito.
“El compromiso de las organizaciones defensoras de DDHH, entre ellas FESPAD, es y ha sido siempre la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos, por ello urge que, desde el Ejecutivo, cese la criminalización, así como los ataques a la prensa y a todo pensamiento crítico. Como organización de derechos humanos llamamos a que prime la transparencia en todas las instituciones, y que ante casos de corrupción que se han conocido, se deduzcan responsabilidades”, enfatizó la organización.
