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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Nos preocupa que el máximo representante del Ejecutivo, el presidente (Nayib Bukele), estuviera ausente de estas reuniones y nos parece un indicador sobre la importancia que le da a los derechos humanos de la población”, dijo Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista, ante la visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó entre el 2 al 4 de diciembre pasado.
“Esta era la primera visita después de 32 años, y este eslogan que maneja el gobierno de cambiar la historia también implica avanzar en erradicar la impunidad, reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos y también implica procurar justicia para las madres que buscan a sus hijos o hijas desaparecidos; por ahora, nos parece que hay una incongruencia en ese sentido”, agregó Burgos.
Como defensora de la Colectiva Feminista, destacó que, en materia de derechos humanos de las mujeres y las reuniones que sostuvieron con los y las comisionadas de la CIDH, resalta el planteamiento de la situación de violencia sexual y la impunidad en casos de violencia sexual por embarazos impuestos a niñas y adolescentes.
“Las y los comisionados tuvieron una reunión en privado con las mujeres que enfrentan penas altísimas de cárcel, ante la absoluta penalización del aborto, y fue una de las realidades que conocieron y nos parece importante. Así como, nuestra recomendación en materia de la absoluta penalización del aborto y se les recordó que planteó en 2017, el ex Alto comisionado de Derechos Humanos, que pidió una moratoria en la privación de libertad de mujeres que tuvieron complicaciones obstétricas y que enfrentan penas de 30 a 40 años”, manifestó.
Asimismo, Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, señaló que en materia de “justicia transicional” los miembros de la CIDH trataron el tema de las deficiencias en términos técnicos de la Ley de Reconciliación Nacional y hubo una reunión posterior con víctimas del conflicto armado, que fueron violentadas por ejército y los grupos insurgentes.
“Me atrevería a concluir, de las reuniones que se sostuvieron, que los derechos humanos no tienen bando, que pertenecen a todas las personas y, por tanto, es importante rescatar esta frase de las víctimas del conflicto armado. La CIDH hizo un ofrecimiento a la Asamblea Legislativa de un acompañamiento técnico en la elaboración de la nueva Ley de Reconciliación Nacional y este acompañamiento exige la participación efectiva de las organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas, porque lo hecho por el Legislativo hasta el día de hoy, en relación a la interacción con la sociedad civil, no ha sido de la mejor manera y tiene muchas deficiencias que ha sido revictimizantes”, manifestó.
La CIDH desarrolló una serie de reuniones con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, a quienes les expresaron su preocupación por el alto índice de impunidad en casos de violencia sexual a mujeres, niñas y adolescentes; la falta de políticas públicas contra los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género; la situación de precariedad laboral de mujeres de maquilas y bordadoras a domicilio y la falta de un marco judicial para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, acotaron las representantes de la sociedad organizada.
Mientras, David Ortiz, de FESPAD, opinó que la realización de los derechos humanos de parte del Estado, como lo establece la Constitución de la República, es el punto medular del Estado salvadoreño para cambiar las condiciones de violencia que se vive en el país.
“Nos alegra que el grupo de comisionados de la CIDH haya tenido las facilidades de visitar “in situ” las condiciones en que se encuentran en los centros penitenciarios, que hemos venido denunciando y otros organismos internacionales, que estas condiciones son deshumanizantes y que contrarían tratados internacionales y el objetivo constitucional de la prisión, que es reeducar y generar nuevos aprendizajes a las personas, a fin de poderse reinsertar en la sociedad. Así también, la política de desarrollar capturas masivas no es el camino correcto para resolver los problemas de inseguridad, y llamamos a revaluar esos planes, porque al final las personas resultan ser inocentes y por todos los años que estuvieron detenidas nadie responde”, sostuvo.
Asimismo, Elena Beltrán, de la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones, externó la problemática de migrantes desaparecidos y fallecidos en ruta migratoria, quienes pudieron expresar al Relator para las Migraciones la problemática que enfrentan en este tema y dificultades de los familiares para identificar los restos de las víctimas. “Como organizaciones presentamos varias recomendaciones ante la CIDH, para que las incorpore al informe, ya que tienen mayor coordinación a nivel regional entre las instituciones, para erradicar la impunidad en masacres de migrantes como la de San Fernando, que fueron 72 personas, y solucionar los motivos de la migración, la cual en su mayoría es forzada por violencia generalizada”, aseveró.
Entre otras recomendaciones a la CIDH, las organizaciones señalan la suscripción del Convenio 190 de la OIT y su recomendación 206 sobre violencia laboral; y ratificación del Convenio 177 y su recomendación 184 sobre la modalidad del Trabajo a Domicilio, que les generan afectaciones a su salud, pero no tienen reconocimientos sociales (ISSS y AFPS).
