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Madrid / AFP
Álvaro Villalobos
Un tribunal de Madrid dejó este martes visto para sentencia el primer juicio por el robo de bebés durante la dictadura franquista (1939-1975), en el que un octogenario médico español está acusado de sustraer una niña y entregarla a una familia que no podía tener hijos, con la mediación de un sacerdote.
La fiscalía pide 11 años de prisión contra el ginecólogo Eduardo Vela, de 85 años, por presuntamente entregarle a Inés Pérez, una mujer estéril, una bebé que ahora tiene 49 años y se llama Inés Madrigal.
En un acta de nacimiento falsa, la niña fue inscrita como hija biológica de Inés Pérez, por entonces de 46 años, y su marido Pablo Madrigal, ambos ya fallecidos.
Inés Madrigal no supo que era adoptada hasta la mayoría de edad, y se ha convertido en la primera demandante que logra llevar a juicio un caso semejante en España, donde entre 2.000 y 3.000 denuncias similares fueron archivadas por falta de pruebas o por prescripción de los hechos.
«El día de hoy puede ser único en la historia», porque «a partir de hoy podemos conseguir una sentencia donde hay hechos que se declaran probados. Hasta hoy lo que hay son acusaciones», destacó Guillermo Peña, abogado de Inés Madrigal. Según él, la sentencia podría conocerse de aquí a un mes.
En un capítulo poco comentado de la dictadura franquista, estos niños, una vez nacidos, eran sustraídos a sus padres y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas de ello.
Luego eran adoptados por parejas estériles, por lo general allegadas del régimen franquista y a menudo con la complicidad de la Iglesia católica.
Tras la Guerra Civil de 1936 a 1939, el objetivo era castigar por razones ideológicas a los adversarios del nuevo régimen dictatorial. Pero luego afectó a niños nacidos fuera del matrimonio, o en familias pobres o muy numerosas.
Dicho tráfico perduró en democracia, al menos hasta 1987, por razones económicas.
Las proporciones de estos crímenes superan con creces el caso argentino, donde se estima que unos 500 bebés fueron robados durante la dictadura de 1976 a 1983.
«En este país no puede quedar impune que alguien jugara a ser Dios, cambiando la filiación, falsificando partidas de nacimiento, como es mi caso, y cercenando el derecho a conocer los orígenes», dijo a periodistas Inés Madrigal.
– Una investigación difícil –
El doctor, que se presentó ante el tribunal en silla de ruedas, dirigía la madrileña clínica San Ramón, uno de los centros donde se produjo un tráfico de niños que afectó a familias en toda España, según las asociaciones que trabajan en la cuestión.
Se le acusa de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento público, y no quiso añadir nada en su turno final de palabra ante el jurado. «Nada más, nos vamos», dijo.
La investigación no estuvo exenta de dificultades, ya que el médico quemó los archivos de ésa y otra clínica, indicó al tribunal un policía que investigó los robos de bebés.
No obstante, el agente aseguró que según sus pesquisas «existía una trama de la que el señor Vela probablemente formaba parte», y que consistía en sustraer bebés a madres solteras que se encontraban en centros de acogida, a menudo regentados por órdenes religiosas.
– El mediador, un sacerdote –
Entre los demás testigos interrogados este martes estuvo la periodista francesa Emilie Helmbacher, del canal público France 2. Durante una investigación en Madrid en diciembre de 2013, se reunió con el doctor Vela y le extrajo la confesión de que «regaló» a Inés Madrigal a su madre en junio de 1969.
Tal como recordó la reportera por videoconferencia, grabó al doctor Vela con una cámara oculta, ante la que éste deja entender que había entregado la niña y precisa que «la madre de Inés Madrigal no pagó» por ella.
Aparte de eso, «no nos dio ninguna información» sobre la familia biológica de la demandante, de cuyo paradero no se sabe absolutamente nada, añadió Helmbacher.
El abogado del acusado, Rafael Casas, fustigó precisamente que se dé validez a unas declaraciones que no se hicieron «dentro del ámbito judicial». Y aseguró que su cliente, del que pide la absolución, «no tiene nada que ver» con los hechos incriminados.
Otra testigo, Paz Gordón, que figuraba como madrina de bautismo de la demandante, abundó en la idea de que el mediador de la sustracción fue un sacerdote.
En la primera sesión, el 26 de junio pasado, el doctor Vela afirmó que no recordaba nada, ni siquiera la firma suya que aparecía en el expediente médico. «Eso no es mío», aseguró.
El ministerio público pide también en su contra el pago de una indemnización de 350.000 euros, por privar a la denunciante de su «identidad biológica y social».
