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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La Comisión de la Verdad, encargada de investigar los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, escuchó testimonios de lo padeció el pueblo salvadoreño.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad debieron haberse impactado al escuchar los testimonios de lo que sufrió nuestro pueblo a manos del régimen de entonces, de aquella dictadura; esos testimonios debieron incidir en ellos al redactar el informe que titularon: “De la locura a la esperanza”.
Hoy, nuevamente, las condiciones de falta de garantías constitucionales y la vocación dictatorial de los gobernantes, crean el espacio para repetir la locura, la bestialidad, el desprecio al derecho de todo ser humano. Pero no es locura de cualquier tipo, es la locura por saber que en definitiva no son lo que dicen ser.
No hay control territorial, pues; no lo hay por parte de las autoridades, como quedó demostrado con la ola de violencia que sacudió al país durante dos días de marzo; prefiero creer eso, a creer que la ola de violencia es parte del trato del gobierno con las pandillas como hay quienes especulan.
Debe ser un verdadero drama para quienes tratan de presentar, ante los ojos de sus seguidores, de toda la población y de sus amigos, la imagen del gobierno que puso orden; un drama porque sabe que con las medidas que asumen como respuesta, están creando base para más desorden.
Quizás no hay entre sus múltiples asesores quien les repita el estribillo históricamente aprendido por la humanidad, que dice que, violencia genera violencia.
Es cierto que, desde el 1 de junio de 2019, se abrió la página de un libro nuevo, el de gobernar al margen de la Constitución, de ignorar lo que significa estado de derecho, el libro en el que se lee que la democracia es para otros y fue discurso del pasado y de sus antepasados.
Es cierto que ocurrió tantas veces que se violaron las garantías que la Constitución establece para la población: la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el debido proceso, la separación de poderes y tántos otros principios propios de la vida en un régimen constitucional de derecho.
Pero acudir a la formal suspensión de derechos constitucionales, como los contemplados en los artículos que establecen la libertad de entrar y permanecer en el territorio de la república; a no ser expatriado; el derecho a expresar y difundir libremente el pensamiento sin lesionar la moral y el honor de otros ni la vida privada; suspender el derecho a asociarse libremente y sin armas; a ser considerado inocente ante cualquier imputación que no haya sido comprobada en juicio, en el que se le garanticen su derecho a la defensa; el derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos en caso de ser detenido y de los supuestos motivos de la detención.
Obligar a los detenidos a permanecer hasta 15 días sin que un juez examine las supuestas causas de detención; darse el derecho de violar la correspondencia, la comunicación privada sin orden de juez; en fin, declarar abiertamente lo que en la práctica han venido violentando; las libertades, derechos, procedimientos propios de la legalidad de toda persona. ¿Qué resuelven con eso?
Se advierte lo que logran o, al menos pretenden alcanzar: meter miedo en mucha gente; estimular los sentimientos de odio, tener argumentos para paralizar la posible actuación política de opositores, tener garrote en mano contra cualquier protesta social ante acciones que dañan a todo el pueblo o a sectores en particular.
Buscan que nos acostumbremos a vivir en zozobra a la mayoría, y visualizar la cabeza de los que se atreven a decir, en voz alta, que esto no está bien, que esto está muy mal.
Es un tipo de locura propio de una democracia fallida.
Quienes la crucifican vociferan hacia atrás, afirmando que lo que ocurre es culpa del pasado, de los otros, de los opositores, como repetían los diputados leales al presidente cuando votaban una a una las piezas, enviadas desde algún despacho de algún abogado fascista.
Esto que vivimos solo agrava lo que ya era malo, dañino para la mayoría. Muchos sentimos ofendernos cuando recién firmada la paz, el presidente de entonces expresó con franqueza un deseo, el de convertir al país en una inmensa zona franca. Otros queríamos para la Patria un destino mejor que eso.
Así, hoy, los gobernantes en turno vociferan con placer ver convertido el país en una inmensa prisión, a la par de una ciudad Bitcoin. No ayuda a las mayorías lo que ocurre, no resuelve la delincuencia de la que parece prisionero el gobierno.
Pero démonos una gota de esperanza; vendrá un día en que como país se nos ocurrirá algo para salir de esta trampa nacional, de esta locura que asfixia la democracia, los derechos de la gente y el porvenir del país.
