Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Han pasado ya dos años desde la aprobación de la ley que creó el régimen de excepción.
Es decir, dos años desde que se suspendió las garantías constitucionales para todos y crear un derecho excesivo para quienes ostentan poder fiscal, policial, militar y judicial, manejados todos por el poder político.
La frase “régimen de excepción” se ha popularizado, dos palabras que provocan temor a actuar conforme a los derechos de la ciudadanía.
Si los vendedores de un mercado o de la calle quisieran defender su derecho a ganarse la vida con su actividad comercial, como lo hacían bajo administraciones anteriores, se abstienen, es porque la policía municipal les recuerda que, si protestan, se les aplicará el régimen de excepción.
Si las mujeres a las que les decomisan mercadería quisieran pedir que se las devuelvan, o que no se las destruyan, recuerdan que ahora existe el régimen de excepción.
Pueden ignorarse los términos de la referida ley, los supuestos motivos, como el dar herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de seguridad pública para establecer el orden y el control territorial, que contiene los considerandos del decreto.
Puede ignorarse que un solo artículo, el número 4, por ese poder político, suspende las garantías constitucionales reguladas en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo, 24 en relación al artículo 131 ordinal 27 y artículo 29, todos de la Constitución de la República.
Cuatro líneas para una lectura difícilmente comprensible sin tener a la mano el texto de la tan mancillada Constitución de la República.
Pero lo que sí se sabe, del significado de esas dos palabras, es que la policía te puede capturar y lo que diga su reporte, aunque no sea cierto, será tomado como evidencia de un supuesto delito.
Lo que sí se sabe es que te llevan a la cárcel, que la familia no podrá verte, que no habrá audiencia al menos en quince días, que pueden pasar dos años para que un juez se digne ver la acusación en masa junto con otros.
Esas cosas y otras, como que te pueden torturar, que la familia no te verá pero que debe mandar dinero o paquete de ropa y alimentos, que si te enfermas o ya vas enfermo te puedes poner grave, morir y que a lo mejor entregan tu cadáver a la familia.
Los abogados saben que son amenazados por defender a personas capturadas bajo este régimen, apoyado además por otras leyes que ya tienen vigencia para hacerlo más cruel.
Cuesta humanamente comprender cómo es posible que, encerrando tanta inseguridad jurídica, ese régimen aplicable en cualquier momento, a cualquier persona, tenga tanta aprobación por una gran parte de la población.
Sí, es cierto que la policía y soldados se han llevado a la cárcel a muchos mareros que provocaban inseguridad en muchos lugares; pero el hecho de que existan más de 200 personas fallecidas en manos del Estado, que hayan reconocido la inocencia de unas diez mil personas, que teniendo jueces manejados por el poder político existan ordenes de libertad sin cumplirse para centenares de personas capturadas sin razón, debería ser suficiente para entender que vivir sin garantías constitucionales no nos hace vivir con seguridad.
Y al no existir esas garantías al debido proceso, a la inocencia mientras no se pruebe lo contrario, a ser juzgado con imparcialidad, a no ser detenido por tanto tiempo sin razón alguna, es grave y no merece ser aplaudida.
En estas condiciones y ya por dos años, con luto de cientos de familias, con incertidumbre de miles de familiares, con temor de ejercer derecho a la protesta y a reclamar derechos, es hora de abrir los ojos y demandar que se devuelvan las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Derechos inalienables reconocidos internacionalmente a la vida, la libertad, seguridad, a la justicia. Aunque se cambiara la Constitución por la misma bancada oficialista de diputados de la Asamblea Legislativa que nos impone vivir sin garantías, esos derechos existen.
Nadie puede oponerse a que capturen delincuentes, que los procesen conforme la legislación penal o civil, pero para ello es innecesario tener a todo el país viviendo sin garantías, bajo el temor que le alcance la ola del régimen sin poder ejercer sus derechos.
Esta circunstancia hace meritoria la organización de familiares de víctimas inocentes, su reclamo valiente y su exigencia de libertad inmediata a sus familiares; igualmente, es meritoria la labor de entidades no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos, a ellos nuestro respeto y solidaridad.