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Caracas / Prensa Latina
Wiliam Urquijo Pascual
Organizaciones sociales de Venezuela secundan las denuncias formuladas por el Gobierno bolivariano en torno al carácter discriminatorio y parcializado el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Tras la visita de la funcionaria al país del 19 al 21 de junio último, en respuesta a una invitación del presidente Nicolás Maduro, Naciones Unidas divulgó este jueves un documento sobre la situación de los derechos humanos, el cual recibió 70 observaciones sobre errores de hecho por parte del Ejecutivo.
De acuerdo con las autoridades, el texto elaborado por Bachelet privilegió a fuentes carentes de objetividad y excluyó casi en su totalidad la información oficial y elementos aportados por el Estado venezolano durante la estancia de la expresidenta chilena en la nación sudamericana.
Asimismo, el informe omitió los logros y avances alcanzados por Venezuela en temas de derechos humanos, transgrediendo las normas y principios que exhortan a realizar una evaluación objetiva y balanceada sobre los países que integran el Sistema de Naciones Unidas.
Entre las voces que rechazaron el documento, las organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Venezolana de Derechos Humanos lamentaron profundamente ser ‘excluidas, invisibilizadas y discriminadas’ por la oficina de la alta comisionada de la ONU.
‘Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables’, indicaron en una misiva dirigida a la exmandataria chilena.
En tal sentido, significaron que el texto devino ‘selección discrecional, privilegiada y parcializada’ de la información suministrada por organizaciones parcializadas en el espectro político nacional, subordinadas a intereses ajenos a los derechos humanos e integradas por activistas y representantes de la oposición política.
Ante este escenario, la Red Venezolana de Derechos Humanos hizo un llamado a ampliar y democratizar las fuentes de información acerca de la situación en el país sudamericano.
Criticó además que el documento elaborado por la oficina de la alta comisionada haya obviado cualquier referencia al intento de golpe de Estado ejecutado el 30 de abril de 2019, y que no se abordara el impacto negativo de las 47 medidas coercitivas aplicados contra Venezuela desde 2014 por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
A su vez, el Comité de Víctimas de las denominadas guarimbas (acciones violentas de calle con fines políticos) precisó a través de la red social Twitter que Michelle Bachelet escuchó en persona testimonios de personas afectadas por la violencia opositora y se comprometió a incorporarlos en su informe.
‘Hemos sido defraudados’, subrayó la organización al precisar que la alta comisionada ‘invisibiliza a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que tanto daño ha hecho al país. Es innegable la parcialidad con que opera la Oficina de la Alta Comisionada en relación con Venezuela’, agregó.
Entre los errores de hecho presentes en el informe de Bachelet, el Ejecutivo mostró preocupación por ‘la ligereza’ con que se emplea el término de ‘crisis humanitaria’, sobre todo al considerar la ausencia de datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país.
De igual manera, el texto evitó mencionar que Venezuela destina el 75 por ciento del presupuesto a la inversión en el área social, como fue mencionado a la misión técnica que visitó Venezuela en el mes de marzo último y a la alta comisionada durante su estancia en el país.
El documento mencionó la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica, pero se abstuvo de reclamar el levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela, a pesar de que el organismo internacional reconoció el impacto sobre los derechos humanos de la población en los Estados víctimas de tales acciones.
La versión preliminar del informe de Michelle Bachelet contrastó con la naturaleza de las declaraciones brindadas por la funcionaria el 21 de junio al término de su visita, cuando manifestó preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.
En tal sentido, la expresidenta chilena precisó que las sanciones implementadas este año por Washington sobre las exportaciones venezolanas de petróleo y el comercio de oro ‘están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica’.
Dos semanas después, Bachelet ya no condenó el bloqueo, sino que se plegó al discurso de que el Gobierno se estaría escudando en este para no cumplir con sus obligaciones de garantizar alimentos, y va más allá al adjudicarle la intención de tomar estas acciones como medida de ‘control social’, opinó el analista uruguayo-venezolano Pablo Siris Seade.
Según el experto, el informe niega, minimiza o cuestiona todas las políticas sociales de la Revolución bolivariana y sus mecanismos para garantizar el acceso a los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.
