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The Washington Post develó planes secretos de la Casa Blanca para detener a miles de migrantes que viven en Estados Unidos.
La investigación fue publicada el lunes, con el testimonio de siete funcionarios y excolaboradores de Departamento de Seguridad Nacional que aseguran que la actual administración pretende crear un clima de miedo para disuadir a los indocumentados de entrar o asentarse en territorio estadounidense.
Según los informantes, el asesor principal de Donald Trump en este campo, Stephen Miller, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, «estaban deseosos de llevar a cabo arrestos masivos y dramáticos» con el propósito de demostrar fuerza y enviar un mensaje a quienes pretenden cruzar la frontera desde México.
La idea era implementar redadas altamente visibles en las 10 ciudades principales de destino de los migrantes centroamericanos, como entre otras Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La planificación de estas operaciones calculó detener inicialmente 2.500 adultos y niños, pero el objetivo final sería de 10.000 migrantes.
El plan se concibió en septiembre y la presión para llevarlo a cabo se incrementó a medida que aumentaba la ira del presidente, quien, según los entrevistados, ordenó adoptar el enfoque más «duro» posible. Incluso, se trabajó en la aceleración de casos llevados a los tribunales para emitir una gran cantidad de órdenes de deportación.
Los arrestos previstos incluirían operativos contra padres con hijos en sus hogares y vecindarios. Eso motivaba preocupación en cuanto al manejo de familias cuyos niños fuesen ciudadanos estadounidenses, y también por la falta de espacio y de camas para mantener a los migrantes detenidos, entre otras cosas.
Finalmente, el proyecto fue detenido.
Kirstjen Nielsen, entonces todavía secretaria de Seguridad Nacional, y el exfuncionario de inmigración Ronald Vitiello, habrían detenido el proyecto por razones operativas y ante el riesgo de una fuerte indignación pública. Sin embargo, otros funcionarios aclararon que las objeciones fueron por cuestiones logísticas y no éticas.
Además, existía la preocupación de «que pudiera resultar contraproducente, al desviar recursos de las operaciones críticas de respuesta de emergencia en la frontera», agregó desde el anonimato uno de los colaboradores del proyecto.
