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La captura de Santos Guevara Portillo, identificado por las autoridades policiales como el “comandante Domínguez”, a todas luces inocente de los hechos que le imputan, debe generar un amplio debate sobre la intervención militar de los Estados Unidos en El Salvador, durante la guerra civil, librado en diferentes puntos del país. Y de paso preguntarse por qué sus representantes, los que dieron las órdenes de entregar un millón de dólares diarios para asesinar a la guerrilla y su base social, no están, ni estarán en el banquillo de los acusados.
El pentágono y los Estados Unidos, en general, son los responsables de la muerte de millares de salvadoreños, sobre todo campesinos, porque Estados Unidos entrenó y hasta manejó los modernos aviones A-37 que lanzaron las bombas de 500 libras y hasta de 1000 libras en vastas zonas del histórico Cerro de Guazapa.
Quienes han visitado el cerro de Guazapa, que durante los doce años de guerra civil se convirtió en fuerte bastión de la guerrilla, se contabilizan innumerables cráteres que dejaron las bombas estadounidenses al explosionar sobre caseríos o en los sembradíos de la población civil.
Las historias de sobrevivientes de la táctica arrasada, utilizada por el ejército gubernamental por orientaciones de los asesores militares, son desgarradoras. “Allí cayó una bomba de 500 libras y murió toda la familia de apellido “X”, cuentan.
En los doce años de guerra, la intervención abierta de los Estados Unidos fue tal que, en 1985, un asesor militar de los Estados Unidos que acompañaba las unidades élites del ejército en una incursión a uno de los campamentos del PRTC en San Vicente, capturan a la otrora comandante guerrillera Nidia Díaz, gravemente herida de bala y con quemaduras por el napalm, que fue lanzada para incendiar el perímetro del territorio de la guerrilla. El asesor militar impidió que Nidia fuera asesinada, tras sobrevivir al combate, porque desde la lógica del asesor era una “trofeo de guerra”, además de un golpe sicológico a la guerrilla, al presentar tras las rejas a una alta comandante de la guerrilla.
La intervención estadounidense en la Guerra Civil creó el suficiente odio en la población civil y en la guerrilla, para emboscar cuando se presentara la ocasión a los asesores militares.
Lo ocurrido en Lolotique, San Miguel, concretamente en el Cantón San Francisco, el 2 de enero de 1991, con el derribamiento del helicóptero militar estadounidense, que provenía del Aeropuerto de Ilopango, en San Salvador, y que se dirigía a la Base Militar de Soto Cano, Honduras, tiene que ver con los antecedentes que aquí exponemos. En el helicóptero artillado se transportaban los oficiales Daniel F. Scott, quien falleció al momento de caer el helicóptero, así como el teniente coronel David H. Pickett y el Cabo Ernest G, Dawson.
De acuerdo con los testigos, los dos militares sobrevivientes estaban sufriendo y fue por ello que actuaron de forma indebida, es decir, “dispararles para evitar el sufrimiento”. Es justo decir que en la guerrilla se cometieron hechos que pudieran ser reprochables, pero estos eran acciones al margen de la estrategia y táctica de la guerrilla del FMLN.
Durante los combates, a menudo, los encargados de la propaganda, o los mismos combatientes pedían a su enemigo que se entregara y que iban a respetar sus vidas. Durante las maniobras militares de la guerrilla hubo centenares de capturados, entre ellos algunos heridos y la guerrilla siempre les dio la atención médica básica, a pesar de la precariedad de sus hospitales de campaña.
En el juzgado salvadoreño, donde se ventila el caso contra la unidad guerrillera que participó en el derribamiento del helicóptero, y luego la muerte de los dos sobrevivientes, se debe actuar con “sano juicio” y no condenar solo porque eran soldados estadounidenses.
En el caso de Santos Guevara Portillo, identificado por al Policía como el “comandante Domínguez”, la Secretaría Nacional de la Memoria Histórica del FMLN asegura que, en efecto, acompañó a la unidad guerrillera del ERP-FMLN, pero que no era comandante y no participó en los hechos que se le imputan, y así lo establece el Informe de la Comisión de la Verdad. “La Comisión no ha encontrado evidencia de que otros miembros de la Unidad (ERP) hubiesen participado en la ejecución. Ni que haya sido una orden por niveles superiores del FMLN, ni que obedece a una política del ERP o del FMLN de dar muerte a los prisioneros”, dice el informe.
Pese a la acusación que tiene en su contra, en el Informe de la Comisión de la Verdad dice que Guevara Portillo, reconocido como “Comandante Domínguez”, solo fue participante del operativo que derribó el helicóptero, pero no de la ejecución de dos de las tres las víctimas. Guevara Portillo, incluso, actuó como testigo en el juicio que se ventiló en los juzgados y que condenó a los ejecutores del hecho, quienes fueron puestos en libertad en 1993, al entrar en vigor la Ley de Amnistía, y que fue anulada por la anterior Sala de lo Constitucional. Por ello, la fiscalía y el juzgado pertinente retomó el caso, pese a que no se trató de un crimen de lesa humanidad. Esperemos que tanto Guevara Portillo, quien es inocente del hecho, así como los implicados sean liberados porque, al fin y al cabo, se trató de un acto de guerra.
