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El 13 y 27 de diciembre pasado ocurrieron dos accidentes en la obra en construcción en el Viaducto Los Chorros, uno de ellos con saldo fatal pues dejó cuatro obreros muertos. Como era de esperar, las autoridades le echaron la culpa a uno de los obreros muertos, justamente para evadir responsabilidades.
Y aunque con bravuconada los funcionarios anunciaron que “harían una investigación exhaustiva, y deducir responsabilidades, no ha pasado más que eso, una bravuconada, sobre todo, porque hicieron olvidar los muertos hablando de grandes sumas de dinero, narrativa en la que participó, como era de esperar el presidente inconstitucional Nayib Bukele.
Y, así, en vez de tomar medidas contra la empresa principal de la obra, como lo hicieron en otros casos similares con empresas nacionales cuando ordenaron la captura de los jefes de la obra y hasta el representante legal de las empresas, en este caso, lo que hicieron fue responsabilizar a uno de los muertos. Así, el funcionario o funcionarios que contrataron a la empresa quedaron fuera de toda responsabilidad. Es más, se encargaron de poner a la empresa responsable de la obra, y por ende de la desgracia, como benefactora al anunciar que entregaría a los familiares de las víctimas mortales $80,000, mientras que al lesionado de mayor gravedad $45,000. Y, así todo se tapó con billetes verdes.
El 27 de diciembre, un terremoto de 5.3 grados hizo colapsar la armadura de una torre en el Viaducto Los Chorros, que dejó cuatro lesionados. Como era de esperar, en su momento responsabilizan al “sismo”. Como si los contratistas y los funcionarios no supieran que El Salvador es un país sísmico por lo que toda obra de gran magnitud que se planifica debe contar con las medidas mínimas de seguridad para la construcción de las misma para evitar víctimas.
Claro, si estuviera en un país con un gobierno serio, responsable, lo primero que hubieran hecho es separar al ministro de Obras Públicas y procesar a los representantes de la empresa encargada de la obra, por no garantizar desde el principio la calidad de la obra y las medidas mínimas y máximas necesarias.
Hoy, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en vez de renunciar a su cargo, como lo haría cualquier funcionario en un país de primer mundo, como se jactan que ya es El Salvador, debió renunciar, dado que su jefe inmediato, el presidente de la república, se hizo del ojo pacho, anuncia que la empresa “subcontratada”, responsable de las dos obras colapsadas se la ha cancelado el contrato.
Rodríguez dijo, el viernes, en el programa Frente a Frente que se “ha solicitado cancelar un subcontrato a una empresa argentina encargada de la armaduría de hierro de las columnas del viaducto de los Chorros, la cual fue contratada por Dongbu Corporation, empresa coreana encargada de la construcción de toda la obra.
Dado que este gobierno es nada transparente, difícilmente se conocerá a ciencia cierta si había una empresa o varias empresas subcontratadas, tampoco sabremos si es verdad que hubo investigaciones.
Con lo que debemos conformarnos es que el ministro Romero dice que se canceló a una empresa argentina, sin dar detalles de la misma, y que él seguirá impunemente en su cargo pese a su responsabilidad indirecta en las dos desgracias ocurridas en el viaducto de los Chorros, gracias a que es protegido del presidente Bukele.
Y es que, Romero también es responsable de otras malas obras en el Gran San Salvador, como los dos colapsos de una mega bóveda en Brisas de San Francisco, en enero de 2022, dos veces intervenidas por Obras Públicas. O las inundaciones en Santa Lucía Ilopango.
El flamante ministro de Obras Públicas de Bukele debió ser separado de su cargo por incapaz, en enero de 2022. Quizá Bukele lo echará hasta que se desplome el Viaducto los Chorros, si es que llegan a concluirlo.
