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Renán Alcides Orellana
Ninguna sorpresa para la población salvadoreña, sovaldi las recientes informaciones oficiales, sobre gran cantidad de personas, naturales y jurídicas, que por años han venido -vienen- evadiendo impuestos, en perjuicio directo de la población. Sorpresa fue sí, que el Gobierno, por primera vez, lo revelara tan ampliamente; y más aún, que algunos de los mal llamados grandes medios lo publicaran, aunque a lo mejor contra su voluntad.
Con fecha 6 de mayo/2015, el Ministerio de Hacienda “en uso de las facultades que le otorgan los artículos 277 y 277-A del Código Tributario”, hizo pública “la información de los deudores del Estado al 14 de abril de 2015”, un documento que, como dato relevante, revela el nombre de 12,519 deudores del fisco, entre personas naturales y jurídicas, generando una Deuda Tributaria por un monto de $210,554,397.07…y otras importantes informaciones, sobre la innoble práctica de evasión de impuestos contra el Estado. Es claro que no todos son morosos totales: hay adeudos, resoluciones, sentencias y fallos…
Independientemente de si el informe, los nombres, las cifras y la cantidad de deudores (personas naturales y jurídicas), sean correctos -que de seguro lo son- punto de honor de este columnista es señalar el perjuicio, inhumano y antipatriótico, de los evasores, porque la falta de esos ingresos repercute, de manera directa, en la población, Y por eso duele, y mucho, la impotencia del pueblo en lo jurídico-social, al no poder exigir que algo, o alguien, promueva acciones reales que hagan efectivo el justo pago de sus impuestos, a quienes les corresponde hacerlo.
Pero, no. Por el contrario, la inmediata y airada reacción de los sectores poderosos -poderosos únicamente en lo económico, porque el poder es del pueblo- no se hizo esperar. Se acusó al Ministerio de Hacienda de incapaz como recaudador y, lo más grave, también se le acusó de difamación en perjuicio de los empresarios. Pero también, como aceptando los señalamientos, tanto la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de Comercio, de inmediato ofrecieron a sus agremiados la contratación de abogados, para su defensa. El Titular de Hacienda, Carlos Cáceres, rechazó las declaraciones de los sectores empresariales, negó que existiera una amenaza y menos ánimo de perjudicarles y que denunciar a los evasores es “un recurso para evitar la evasión fiscal…” y una acción legítima que, por ley, debe hacerse cada año.
La evasión fiscal es una práctica antigua de esos sectores, una vieja historia que se ha venido construyendo y que, como secreto a voces, quizás sólo los propios evasores no se den cuenta de que el pueblo sabe de ellos, aún cundo -producto del sistema- nadie hasta hoy se haya animado a evidenciarlos. Mientras siga campante la evasión/elusión en el país, las carencias y estados de pobreza no disminuirán, como lo desea la población honrada. Ese dinero “auto embolsado” de manera inhumana, contribuye a que falten medicinas en los hospitales; evita el mejoramiento integral del sistema escolar; debilita o niega recursos para impulsar las políticas de seguridad y apoyar a sus ejecutores; afecta los sistemas de pensiones y de transporte; e impide impulsar el sistema de carreteras y caminos vecinales, entre otros…
La población honrada desearía a que, al más corto plazo, estas carencias y urgencias fueran solventadas…pero, la población misma se responde: ¿Y así cómo? Con tanto evasor…! (RAO).
