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Varios medios de comunicación, ask con el apoyo de un coro de diputados de derecha, thumb han puesto en agenda lo que consideran “un atentado a la libertad de expresión” y una “posible persecución de los medios”. Vaya cínico oportunismo, rx y ejemplo de mala legislación, o mejor dicho, de malos legisladores.
Y es que recientemente la Asamblea Legislativa, con más de 70 votos aprobó las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, en la que se incluyó una exigencia de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), y que fue presionada por la propia embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte.
La exigencia era que se incluyera en la lista de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) a los funcionarios y sus familiares, entre otros. La Asamblea, además, incluyó en el listado a los medios de comunicación.
De forma sorpresiva y curiosa, el diputado derechista Roberto d´Abuisson, incluso, acompañado de cámaras de prensa y televisión, llegó hasta la Casa Presidencial, para pedir al Presidente Salvador Sánchez Cerén, que no sancionara la ley, y que se sacara de las reformas a los medios de comunicación, y que se incluyera a los ex funcionarios.
Es sorprendente porque, las reformas a la ley también fueron votadas por diputados y diputadas de la fracción arenera en el Congreso. Es decir, si el diputado d´Abuisson no pudo convencer a su fracción para que no votara por las reformas a la ley, ni intentó convencer a otros diputados de derecha que también votaron, entonces, por qué, acompañado de medios de comunicación, llegó a CAPRES a presionar al Presidente Salvador Sánchez Cerén a que haga lo contrario a lo realizado por la Asamblea. La respuesta es por show, acompañada de alta demagogia e irresponsabilidad.
Mientras que el diputado democristiano, Rodolfo Párker, también demagógicamente ha dicho que: “Nosotros estamos altamente preocupados que los medios de comunicación, con pretendidas intensiones proveniente de determinados actores políticos, vengan a ser colocados en una situación prácticamente de persecución política”.
O sea que el señor Parker está admitiendo que el listado incluido en el PEP, no tiene otra intención que la “persecución política”, que es válida, pero no lo es si están incluidos los medios.
Se supone que el listado es para garantizar que quienes lo conforman no participen en el delito de lavado de dinero, y no para perseguir políticamente a nadie. Y es que, si las reformas se entienden, como lo deja entrever el señor diputado demócrata cristiano, significa que las leyes tienen propósitos distintos al espíritu de la ley. Si es así, no solo se violenta el estado de derecho, sino que se violan fundamentales derechos humanos.
Obviamente, la posición de los diputados de derecha que hoy enarbolan la bandera de la libertad de expresión, no pueden tomarse mas que como una acción propia de políticos oportunistas y demagógicos.
