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Isaac Bigio
Analizata internacional
A13 días de la muerte de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua por terrorismo, la fiscalía peruana dispuso cremar y dispersar su cuerpo en un lugar anónimo. Un castigo así no lo ha recibido antes ninguna persona fallecida en una prisión peruana (y posiblemente en cualquier otra democracia multipartidaria del mundo).
Con este accionar se crea un nuevo precedente, no solo para la historia de dicha nación, sino también del mundo. En el Perú no hay pena de muerte, pero ya hay una para penar a los muertos. El congreso aprobó que para aquellos que mueran en la cárcel bajo acusación de terrorismo o traición a la patria sus cuerpos no sean entregados a su familia, sino que puedan ser incinerados y dispersados en el mar.
Los fujimoristas, quienes tanto presionaron por ello, ahora deben estarse preocupando por que AP, varios sectores de la centro derecha quieren extender esa pena a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos, los artífices de la dictadura de los noventas que están recluidos.
La siguiente persona presa que le sigue en edad a Guzmán quien se fue de este mundo a los 86 años de edad es su casi coetáneo Fujimori, 83, el cual pudiera fenecer durante este quinquenio de Castillo y mucho antes que la viuda de Abimael, Elena Iparraguirre, 74, presa de por vida por ser la segunda en el comando senderista.
Pena de Post-muerte
Poco antes de llegar el viernes 17 a Norteamérica en su primer viaje oficial al exterior, el Presidente Castillo (y también su Premier Bellido) firmaron esa ley. A pesar que el Parlamento la aprobó por solo 70 votos (4 más de la mayoría absoluta de 130 legisladores), que la bancada de la presidente del Congreso (Acción Popular) se abstuvo y que la del gobierno (Perú Libre) votó en contra, y que -al parecer- la mayor parte del gabinete no la secundaba, esta ley ya rige.
No importa que varios de PL hayan advertido que ello pudiese crear numerosos gastos monetarios y problemas por denuncias legales que hagan varios organismos internacionales de derechos humanos, que, como dijo el congresista Tello (tan cercano a Castillo) que ese nuevo dispositivo no pudiese ser retroactivo al caso de Guzmán, o que un importante crematorio de Lima se haya negado a prestar sus instalaciones para dicha incineración, dicha operación se ha ejecutado sin que se revelen los datos de donde se van a cremar y arrojar los restos del fenecido cabecilla senderista.
El argumento es que si se permite que Guzmán u otros reos por terrorismo puedan tener una tumba ésto pudiese crear problemas a la seguridad nacional o servir de elemento de culto para sus seguidores. Se compara dicho caso con el de las acciones estadounidenses que acabaron lanzando al océanos los restos de Bin Laden o Abu Bakr. Empero, hay grandes diferencias:
1) Ninguno de ellos fueron ciudadanos de EEUU o murieron en sus cárceles o en su territorio, y jamás residieron en las Américas. Ambos eran enemigos militares externos de Washington.
2) Los jerarcas de Al Qaeda y del Daesh murieron en acciones de combate y mediante intervenciones bélicas ilegales hechas por EEUU en países que abiertamente rechazaron que se use su suelo para esos operativos (Pakistán y Siria). El decidir sobre el futuro de sus cuerpos no pudo recaer en el poder judicial o legislativo de EEUU, sino que fue una determinación inmediata y secreta de sus Fuerzas Armadas.
3) Ninguno de ellos fue cremado, y sus restos fueron enterrados en el mar siguiendo la ley de las religiones musulmanas de éstos (sepultarlos a las 24 horas de sus muertes, lavando sus cadáveres o al cubrirlos con un manto).
El caso del caudillo senderista sindicado de ser responsable de la muerte de decenas de miles de personas es muy disímil pues él ha estado 29 años preso en su propio país, hace 28 años firmó un acuerdo de paz con Fujimori y Montesinos para que sus seguidores dejasen las armas y desde hace más de un cuarto de siglo todos los gonzalistas han evitado toda acción violentista.
Así por primera vez en nuestra milenaria historia peruana rige esta legislación. Tampoco tengo conocimiento de que haya una igual en cualquiera de los 193 países de las Naciones Unidas (y menos aún en una democracia occidental).
¿Y antes?
Si esta ley se hubiese dado durante el ciclo de dictaduras militares que se abrió con el golpe abiertamente fascista de Sánchez Cerro en 1930 y que se cerró con la autocracia de Odría en 1948-56, se hubiese justificado quemar y tirar al Pacífico a miles de apristas acusados de haber asesinado al Presidente electo Sánchez Cerro, al director de El Comercio y a muchos más.
¿Por qué esta ley no se dió durante los 13 gobiernos distintos que hubo desde el inicio del levantamiento senderista (Mayo 1980) hasta el ascenso de Castillo? ¿Y por qué todas las bancadas que apuntalaron al menos uno de estos mandatos no la planteó cuando estuvieron en el poder?
¿Por qué el gobierno de AP y PPC (1980-85) no legalizó incinerar cadáveres o impidió el multitudinario sepelio a Edith Lagos (el más grande que haya tenido Ayacucho, posiblemente, desde entonces? ¿Por qué Madrid, Londres o Tel Aviv han permitido que los cuerpos de numerosos acusados por terrorismo hayan sido enterrados, a veces en medio de funerales masivos donde han podido aparecer insurgentes enmascarados con armas? ¿Por qué no han aprovechado esas oportunidades para lanzar misiles y acabar con toda esa “masa subversiva” ? Eso no se debe a debilidad o negligencia, sino a astucia: a saber qué hacer ello es echar gasolina al fuego y hacer crecer a sus enemigos.
¿Acaso Fujimori y Montesinos hubieran incinerado el cadáver de Guzmán? Ellos, en vez de matarlo o torturar físicamente, decidieron buscar dialogar con él para que convenzan a sus huestes a que dejen la “guerra popular”, lo cual pudieron lograr. Para eso, Montesinos se hizo su amigo, le mandaba regalos, le dejó que pueda tener relaciones íntimas con su pareja (con la cual eventualmente se casó) y luego quiso convencerlo para que en el 2016 ayude a su candidata Keiko Fujimori a ganarle a PPK. Si “Gonzalo” hubiese aceptado la propuesta de su “paisano” (como amigablemente él le decía), ella hubiese podido conseguir màs de los 40,000 mil votos que le faltaba dentro de muchos de las 300 mil personas que firmaron los planillones del MOVADEF.
Si Guzmán hubiese muerto durante el Fujimorato, lo más probable es que le hubiesen permitido un entierro tal y cual rigen las normas de su constitución de 1993, para seguir con la línea de mantener cierta calma a los senderistas tras el pacto de paz y para evitar una condena internacional a un régimen tan acosado internacionalmente.
En el 2021 Keiko ha impulsado esa política como una continuación de haber realizado la campaña electoral más terruqueadora que haya tenido cualquier democracia en el mundo del Siglo XXI. Y, después que Castillo-Bellido suscribieron la propuesta congresal, igualmente les ha acusado de pro-terroristas y partes del terror. Nada les va a satisfacer.
El siguiente en la lista … puede ser Fujimori.
La sed de vendetta no tiene como saciarse. La fuji-congresista Barbarán ha pedido que se echen los restos de Guzmán fuera de las 200 millas peruanas para no contaminar a nuestro país (¿y para “contaminar” a otros? ¿y es que no sabe que todo lo que cae en otros mares puede acabar en nuestro territorio marítimo o continental mediante la cadena alimentaria o la de corrientes, vaporización, vientos, neblinas o lluvia?).
El congresista Montoya pide que eso se dé contra todos los presos terroristas que mueran y que incluso se filme su cremación. Así pasaríamos a tener una TV , que no solo abiertamente tenga presentadores que promuevan la superioridad racial de los blancos con ojos azules, el “terruqueo” al gobierno y constantes noticias falsas, sino la única en el planeta en transmitir un espectáculo inhumano más masivo que el del circo romano.
Tras esa ley se puede discutir el incinerar los restos de otros “genocidas”, aunque no conozco otra catedral capitalina en el mundo que muestre (y con orgullo) todos los huesos de quien abrió el mayor genocidio de la historia de su país (como fue Pizarro, el cual inició la conquista que acabó con la vida de entre el 90% y el 98% de los peruanos de entonces).
Igualmente, se puede pedir una pena de muerte (y que también sea retroactiva para evitar tantos gastos de mantener tantos terroristas en las prisiones).
La congresista morada Paredes quiere extender esa pena de post-muerte a todos los acusados de violar los derechos humanos, con lo cual se pudiesen incinerar restos de Fujimori, Montesinos y, eventualmente, de torturadores, asesinos y violadores en masa. Al parecer el partido de la presidente del congreso (AP) pudiera estar buscando una alianza con otras fuerzas para garantizar una mayoría parlamentaria a fin de que se logre ello.
En el congreso peruano hay 3 bloque heterogéneos. De sus 130 legisladores 42 pertenecen a la izquierda oficialista, 43 a la ultraderecha y el fujimorismo y 45 a varios sectores de centroderecha. Si el grueso de este último bando propone ampliar la “pena de post-muerte” a casos como los de Fujimori o Montesinos (e incluso hacia grandes corruptos), el bloque izquierdista se encontraría en un dilema. Si persiste en su negativa de aplicar castigos a los cadáveres pudiesen ser acusados por sus propias bases y opositores de hacer un trato desigual ante Fujimori y Montesinos y el estar c;auficando ante sus seguidores. Si deciden apoyar la extensión de la ley que rechazaron a otros criminales, bien pudieran ser acusados de oportunistas o inconsistentes, aunque ellos pudiesen justificar su cambio de postura a un intento de aplicar la ley a todos de manera igualitaria.
Aún en el caso que no se apruebe esa nueva modificación legislativa, Fujimori y Montesinos bien pudieran ser integrados dentro de la antigua ley si en los procesos legales que se vienen dando se le sindican de “traidores a la patria” o de “terroristas”. Hay un juicio pendiente que es el que se encuentra basado en una acusación del gobierno colombiano en sentido que dicha dupla hizo negociados con los narcos para suministrar 50 mil fusiles modernos a las FARC, cantidad de armas que nunca han tenido la suma de todos los grupos insurgentes izquierdistas que se hayan levantado en el Perú en todo este último siglo (desde el aprismo primigenio hasta el POR-T-P, FIR, MIR, ELN, SL MRTA y etnocaceristas).
¿”Ché” Gonzalo?
Otra forma que se pudo haber seguido en el caso del jerarca terrorista es haber dejado que se cumpla la ley y que los restos del acusado de crímenes de lesa humanidad pudiese tener un entierro. Ciertamente, que eso pudiese evitar el riesgo de que hubiera gente asistiendo a su funeral o su tumba.
Pero, si uno fuera un senderista radical, ¿cuál sería el mejor escenario para transformar a su jefe en un mártir? ¿que tenga una tumba a la cuál los servicios de inteligencia pudiesen monitorear para identificar a sus seguidores ó que le presenten como la primera persona en la historia peruana cuyo cadáver es cremado y dispersado en contra de la decisión de su familia? Ya en sus redes sociales los gonzalistas quieren presentar a su gurú como un Túpac Amaru del Tercer Milenio cuyo cuerpo es dispersado por los modernos Arreches.
¿Qué es mejor dar pie a que haya un culto a un nuevo “Ché” Gonzalo, o haberle dado una lección de moral humanitaria a los que dinamitaron el cadáver de María Elena Moyano y mostrarlo como la persona que, tras haber ordenado la muerte de miles de inocentes, cayó pidiendo la amnistía de Montesinos y de todos los asesinos paramilitares y corruptos de su país para ver si por esa vía se pudiese colar su propia libertad?
Mientras tanto, la cremación de sus restos va a servir a los que promueven la violencia, especialmente al fujimorismo, el cual para sobrevivir siempre necesita crear la imagen de que hay un ogro subversivo contra el cual se justifica todo (desde conculcar derechos a los trabajadores y a la naturaleza, hasta generar grandes corrupciones).
La derecha dura ha impuesto al primer gobierno electo de la izquierda peruana una tarea de la cual nunca antes ellos mismos se lo plantearon, y para que, de esta manera, puedan querer constantemente chantajearlo y crearle una nube oscura apenas comienza su quinquenio.
No obstante, ellos mismos pueden recibir un efecto rebote pues Fujimori casi tiene la misma edad que su némesis y muchos van a querer que termine con el mismo trato. Ya por ahora el ministro d e justicia quiere trasladarlo a una celda normal y sacarlo de ese departamento con jardín (donde vive en mejores condiciones que la mayor parte de los peruanos) cuyos gastos equivalen al de la suma de un centenar de presos comunes.
El disponer desaparecer al cuerpo fenecido de Fujimori puede justificarse con más apego a la cuestión de garantizar la paz social y la seguridad nacional. Mientras en el caso del jefe senderista sus adeptos casi ya no tienen fuerzas (y no han mostrado siquiera una sola marca en su defensa), el fujimorismo sigue preparando un golpe parlamentario (y/o militar) y tiene grupos de choque que constantemente atacan a personalidades e izquierdistas.
Otras personas que pudiesen ser afectadas pudieran ser el último dictador militar peruano, General (r) Morales Bermudez, quien se acerca al siglo de vida, quien ha sido acusado por la corte italiana por crímenes de lesa humanidad, o el propio Alan García, el cual, si bien yace enterrado, tiene una serie de graves imputaciones. Sus víctimas bien pudiesen exigir desenterrar su cuerpo para comprobar si realmente es la de el ex presidente en 1985-90 y 2016-21 y luego sepultarlo en un lugar desconocido. Esto pudiese seguir el ejemplo del dictamen de una corte inglesa ante Sir Jimmy Saville, un famoso productor de programas de TV de menores de edad, el cual fue en vida muy popular, amigo de la realeza y la reina le hizo uno de sus caballeros, pero que tras su muerte fueron revelándose serias acusaciones de abuso sexual de niños y niñas.
En todo caso, hemos entrado a una nueva dinámica legal que pudiera colocar al Perú como un pionero mundial en una serie de leyes de post-muerte, y, eventualmente, abrir las puertas para reintroducir la pena capital, algo que bien pudiese agradar al primer Presidente rondero de su historia.
