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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
En lo tocante al comercio informal, este siempre provoca agrios debates sobre sí porque se corresponde tanto con la subsistencia de las personas implicadas en ella, la competencia desleal que supone para el comercio formal, el fisco, y por supuesto, con la inseguridad y el hampa que lo merodean.
Esto porque la ocupación de los espacios públicos como el expolio que ello supone constituyen un fenómeno socio político de carácter ilegal, que a su vez deriva en otras irregularidades como lo son el hampa que se apropia el derecho de regular las calles.
Por otro lado, el fenómeno como tal es tolerado históricamente por la institucionalidad para así evadir la propia responsabilidad por propiciarla.
Pero abordémosla en orden.
Las personas ocupan las calles en estos términos porque no tienen opción, ya que en la mayoría de los casos no poseen formación académica de la que por razones materiales han sido excluidos, o porque sencillamente aún teniéndola no pueden acceder a fuentes laborales formales pues no existen.
Al ocupar las calles lo hacen orgánicamente, apropiándose los espacios libres que encuentran con el ánimo de granjearse la mayor visibilidad del peatón para que sus oportunidades de venta crezcan; al hacerlo así sencillamente ocultan a los comercios formales que de tal suerte languidecen, extinguiéndose por esa vía en los espacios invadidos.
La tributación que estos aportaban al fisco se reduce también, porque ya no comercian y apenas sobreviven, volcándose en el mejor de los casos las municipalidades a generar una suerte de regularización de las ventas ambulantes, que así pactan tributar simbólicamente asegurando su permanencia en las calles con una tácita aprobación legal.
Ello por supuesto también deriva en la presencia de mafias que expolian a los locatarios en las calles, quienes construyen por amenazas y prepotencia, una regularización paralela a la municipalidad, de lo que se benefician materialmente.
Sin embargo, y a pesar de ser todo esto cierto, también lo es el que estas personas no pueden acceder a fuentes formales de trabajo, porque no existen, o son en el mejor de los casos expulsadas de ellas.
Así, por ejemplo, a finales de los 80’s y a lo largo de los 90’s, las administraciones de derecha de arena, y en el propósito de achicar al estado durante las privatizaciones, lanzó de sus empleos a miles de trabajadores, quienes eran de inmediato sustituidos por 2 o hasta 3 elementos partidarios, engrasando al estado, e incapacitándolo pues no eran técnicos sino activistas.
Ahora mismo asistimos a una nueva edición de esta perversidad, pues el régimen ha desempleado a aproximadamente 16,000 funcionarios arbitrariamente, quienes de alguna manera deberán asegurarse tanto su alimentación como sus obligaciones pecuniarias, y su primera opción será la calle.
Tenemos entonces ahí un círculo vicioso, donde el estado por acción u omisión promueve la ocupación de las calles, lo que a pesar de la limpieza que algunos alaban sin considerar integralmente el fenómeno continuará, porque no se ha resuelto su origen: la exclusión social.
