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Por Leonel Herrera*
La semana pasada la Fiscalía y el aparato de propaganda oficialista presentaron una acusación penal contra el empresario Jorge Simán como muestra de la implacable persecución contra los delitos ambientales. Simán está procesado por verter en una quebrada aguas residuales de una fábrica textil.
En El Salvador los crímenes contra el medioambiente se cometen con flagrante impunidad. Y no hablo de personas pobres que venden huevos de tortugas para sobrevivir o cortan leña para cocinar ante la falta de un tambo de gas propano, sino de empresas constructoras, industriales y turísticas que destruyen bosques y contaminan mantos acuíferos, lagos, ríos y quebradas
Por tanto, es positiva la noticia de la judicialización de uno de éstos ilícitos ecológicos. Sin embargo, llama la atención que la Fiscalía actúe en este caso y en otros no ¿Por qué Simán sí y los Dueñas no? ¿Será porque Jorge pertenece al sector de su familia que no apoya a Bukele?
Mientras persigue a Simán, la Fiscalía se hace del ojo pacho con los Dueñas, quienes construyen la Urbanización “Valle El Ángel” sobre un acuífero subterráneo y en una zona de riesgo al pie del cerro El Picacho, al norte de San Salvador. ¿Acaso son perseguibles los depredadores ambientales que no simpatizan con el gobierno, mientras los que lo apoyan o guardan silencio sobre sus abusos tienen alguna protección?
¿Cuándo perseguirá la Fiscalía a los depredadores del Volcán de San Salvador, la Finca El Espino, la Cordillera El Bálsamo y otras zonas boscosas, algunas de las cuales son áreas protegidas? ¿Cuándo perseguirá a los que destruyen la cuenca del Lago de Coatepeque y contaminan sus aguas? ¿Es porque son cercanos al clan familiar que gobierna?
¿Cuándo la Fiscalía va a perseguir a los que quieren reactivar proyectos mineros en Cabañas, a pesar de estar prohibidos por ley en el país? En vez de eso, mejor criminaliza a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES que valientemente se han opuesto a la minería de metales, que es la más contaminante de las industrias extractivas.
Estos defensores ambientales fueron detenidos hace nueve meses, precisamente, cuando alertaban al país sobre claras señales del posible retorno de la explotación minera y los graves peligros que eso representa para el agua, el medioambiente y la vida del país. Es decir, en vez de retomar su denuncia sobre un posible crimen ambiental, la Fiscalía les inventó un caso para procesarlos penalmente.
También es válido recordar que la Fiscalía dejó impunes a algunos autores materiales y a todos los responsables intelectuales del asesinato de los ambientalistas anti mineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera en el año 2009, cuando el actual fiscal general Rodolfo Delgado fungía como jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado.
Así que no es creíble la publicitada acción penal contra los delitos ambientales. Además, porque el mismo gobierno los permite al conceder cientos de permisos a proyectos depredadores de ecosistemas, los promueve negándose a firmar el “Acuerdo de Escazú” y los avala guardando silencio sobre las denuncias de reactivación de la minería.
*Periodista y activista social.
