Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
El 1 de agosto debimos tener ya elegidos y en sus puestos a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), dado que el 30 de julio venció el periodo de los magistrados anteriores. Es decir, tras 28 días de “acefalía” de la CCR, los diputados de todas las fracciones se pusieron de acuerdo para elegir a los nuevos titulares que se encargarán de fiscalizar la cosa pública.
Sobre el papel de la Corte de Cuentas de la República se ha dicho mucho en mal, debido, entre otras realidades, a que esta estratégica institución autónoma fue parte de un reparte entre las fuerzas políticas que antaño ocuparon el Órgano Legislativo para extender “sus andanzas” desde el Órgano Ejecutivo.
Pero, ese pasado quedó atrás, por lo que se puede afirmar que hoy es otra realidad, lo que no implica, por supuesto, creer a ciegas y quemarse las manos por los nuevos titulares, lo que tampoco no significa que no hay que darles el beneficio de la duda. Esto implica hacer un llamado a los corifeos de ARENA, y no acudan a la Sala de lo Constitucional para que quiten a uno o una de las magistradas, sencillamente porque sospechan que podría ser votante de uno u otro partido, o porque no fue elegido el que más simpático les caía.
O porque se les ocurre que la Asamblea no demostró la idoneidad del elegido, y no desde la óptica constitucional, sino de la ocurrencia de quien demanda o solicita la constitucionalidad.
Ya se le debería poner paro a esas demandas absurdas, y dejar que los funcionarios trabajen, y solo solicitar su destitución si en el desempeño de sus funciones se comprueba negligencia o incumplimiento de su deber.
“Hoy ya no son los tiempos de Conciliación”, hoy hay instrumentos que la ciudadanía puede utilizar para escudriñar lo que hacen los funcionarios. En el Caso de los de la Corte de Cuentas de la República, allí está la oficina de Acceso a la Información Pública, y si esta no da la información, allí está el Instituto.
Y allí, el sindicato o asociación de trabajadores, que pueden ser las antenas de la sociedad civil. Allí están los grupos y hasta “grupúsculos” de la sociedad civil que pueden medir o valorar la eficiencia en el trabajo de los nuevos magistrados.
O sea, pues, hay que dejar trabajar a las magistradas Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona y al magistrado Roberto Antonio Anzora Quiroz.
Y si en el camino demuestran falencias, hay que investigarlos o destituirlos por esas falencias y no por sus opciones políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Es decir, dejémosles trabajar primero.
