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“Queda en evidencia una total dependencia del sistema judicial al poder Ejecutivo, violentando así una vez más la Constitución de la República”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la inseguridad jurídica que se vive en el país, los cinco líderes y ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, decidieron no presentarse al Juzgado de Ciudad Delgado para la vista pública, donde se iba a repetir por segunda vez el juicio en su contra. Debido a la ausencia de los ambientalistas, la nueva vista pública fue reprogramada para el 9 y 10 abril de 2025.
“Es una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial, no existen garantías de un juicio justo y legal, ya que tiene como base decisiones políticas y no jurídicas. Somos inocentes y no queremos validar una farsa de un Sistema de Justicia cooptado por el Régimen de turno, por ello hemos decidido resguardarnos para proteger nuestra integridad”, expresaron los ambientalistas a través de una carta que fue leída este lunes.
Los cinco líderes de Santa Marta fueron convocados a una nueva vista pública por el Tribunal de Sentencia de San Vicente para los días 3, 4, 5, y 6 de febrero, pero decidieron no comparecer porque consideran que ya fueron procesados y sometidos a juicio, donde las tres juezas que conforman el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, de forma unánime, les declaró la libertad absoluta el 18 de octubre de 2024, y por lo tanto los absolvió de los supuestos delitos de los que los acusaba la fiscalía.
En su resolución el Tribunal estableció que los supuestos delitos ya prescribieron y por tanto, la acción penal es imposible en este caso, siendo un juicio justo y apegado a derecho, sin embargo, el 22 de noviembre del año pasado, los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque anularon la resolución judicial y ordenaron repetir el juicio en otro Tribunal.
La apelación que la Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque encontró eco, y ésta ordenó la repetición del juicio contra Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez.
Para los ambientalistas de Santa Marta, la decisión de los magistrados de anular la resolución constituye una decisión política y no jurídica, ellos son jueces no políticos, y tal resolución fue tomada por orientación del Ejecutivo, lo cual constituye una manipulación del proceso judicial y a lo que estos funcionarios se han prestado.
“El verdadero delito nuestro es oponernos a la contaminación y la destrucción ambiental, de los proyectos mineros que amenazan el agua, la salud y la vida de la población del departamento de Cabañas y de todo nuestro país”, aseguraron los ambientalistas.
Hace más de dos años que inició esta persecución política contra los líderes, quienes advirtieron que la verdadera razón era las intenciones de reactivar la minería metálica, el anuncio presidencial pocos días después de anular el fallo donde los dejó en libertad y luego la derogación de la Ley de prohibición de la minería en el país, no deja ninguna duda que los intereses extractivistas están detrás de esta criminalización en su contra.
A la vez, hicieron un llamado a las organizaciones sociales, ambientales, iglesias, universidades y la población a seguir esta lucha por la sobrevivencia nacional y la salvación de toda la sociedad salvadoreña; según las últimas encuestas, solo el 23% apoya la intención de Bukele en reactivar la minería en el país.
En el mes de diciembre se obtuvo información que la fiscalía trabajaba en el montaje de un nuevo caso donde se buscaban personas de Santa Marta, para que sirvieran de testigos y ellos los iban a preparar, para lo cual tienen un listado de posibles lideres a capturar, entre ellos los de Santa Marta.
Entre tanto, Vladimir Perla, uno de los abogados defensores, dijo que los ambientalistas tienen cinco días hábiles para justificar el por qué no comparecieron; por el momento el Tribunal no ha girado ninguna orden de recaptura contra ellos.
“Se suspendió la vista pública por incomparecencia de los imputados, el juez dio cinco días hábiles para que justifiquen su ausencia, debido al mismo proceso han sufrido cuestiones de salud, algunos no son tan jóvenes y puede ser eso, motivos por lo cual no se hicieron presentes”, sostuvo Perla.
Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta, recalcó que dada la ausencia de los ambientalistas el Tribunal decidió reprogramar la audiencia para el 9 y 10 de abril, tendrían este tiempo para hacer las diligencias de localizarlos, de no darse con su paradero se haría un juicio sin la presencia de ellos.
Enfatizó que continuarán la lucha por la libertad de los lideres, la defensa de los territorios y el medio ambiente, así como mostrar el rechazo a la reapertura de la minería metálica en el país.
Leiva consideró que este segundo juicio es un acto de criminalización y persecución, más allá de querer hacer justicia contra una familia que perdió una pariente durante el conflicto armado, es una utilización del sistema judicial para poder perseguir a defensores ambientales, por ello, continúan exigiendo se respete el Estado de derecho en El Salvador, el cual es seriamente vulnerado.
“Denunciamos a este Tribunal porque lo que buscan es a través de esta repetición del juicio, es una condena contra nuestros compañeros, por eso denunciamos esa actitud utilitaria del sistema judicial para perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, en este nuevo juicio los dados están cargados”, afirmó.
Según el representante de ADES Santa Marta, es inverosímil que un Tribunal le pida permiso a la fiscalía, para dejar que pasen observadores internacionales al juicio, lo cual solo lo podemos ver en este contexto donde el sistema judicial está cooptado.
Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado que este juzgamiento es arbitrario e ilegal porque violenta el debido proceso penal que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
ADES Santa Marta ha recalcado que juzgarlos otra vez tiene el macabro propósito de condenarlos de cualquier forma, encarcelarlos y probablemente asesinarlos en prisión para que no vuelvan a sus casas y comunidades a defender el agua y la vida, fueron sobreseídos, son inocentes y el segundo juicio es totalmente ilegítimo.
A la vez, indicó que con la reactivación minera está en peligro la vida en Cabañas y en todo el país, porque la minería amenaza con quitarle la vida a la población, o dejarla aún más contaminada, tanto el agua superficial como los mantos acuíferos subterráneos, el río Titihuapa y el río Lempa serían “charcos” de agua con cianuro y drenaje ácido.
La explotación minera también causaría insuficiencia renal, enfermedades respiratorias, diversos tipos de cáncer, trastornos cerebrales y enfermedades en la piel, debido al cianuro utilizado para extraer el oro.
Además, la minería destruiría los bosques, devastaría las montañas, mataría los animales y arruinaría para siempre las tierras agrícolas, aumentaría la crisis alimentaria y hambruna.
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