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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
La población ha cobrado conciencia de que las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas por el Presidente Salvador Sánchez Cerén tienen un impacto positivo en la vida del país. Han logrado la participación comprometida de la PNC, prostate las Fuerzas Armadas, prostate la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y los gobiernos municipales. La Asamblea Legislativa aprobó las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros de Reclusión el 31 de marzo pasado; eran el resultado de la participación del Gabinete de Seguridad, del Órgano Ejecutivo y la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad.
En las semanas siguientes, la Asamblea ha venido aprobando otras reformas importantes que facilitan al sistema judicial operar con eficiencia frente al fenómeno de la criminalidad. Desde la primera aprobación legislativa, lograda por unanimidad, quedó claro que ser consecuente con ellas implica reconocer que para actuar de modo extraordinario se requieren recursos financieros extraordinarios. Se identifica con claridad cada una de las acciones, operaciones, tiempos y fondos necesarios, para mantener este proceso que resultó ser efectivo; por ello el Vicepresidente Oscar Ortiz y el Ministro de Hacienda han solicitado la autorización para emitir bonos hasta por 152 millones de dólares que financiarían las acciones extraordinarias por un año.
Esta solicitud se discute en la Asamblea Legislativa desde el 28 de Abril pasado. El debate ha mostrado la coherencia y buena voluntad de todos los diputados, con excepción de los diputados de Arena. La Comisión ha aceptado introducir elementos nuevos que dejan sin lugar a dudas y con toda claridad el destino exclusivo para la seguridad.
Arena Pidió establecer el destino preciso, aunque lo normal es que ello se hace hasta que los bonos son colocados y se reforma el presupuesto, pero se aceptó establecer en el Artículo 2 los montos que se destinarían a Centros Penales, a la Policía Nacional Civil (PNC), a Las Fuerzas Armadas, al Instituto Nacional de Pensiones de las Fuerzas Armadas (IPFA), a la Fiscalía General de La República (FGR).
Ante los pedidos de Arena, de asegurar mecanismos de fiscalización del gasto, todos los diputados, en aras de armonía, acordaron establecer mecanismos como la auditoría concurrente de la Corte de Cuentas de la República, que por definición legal es el acompañamiento y verificación de la pertinencia del gasto antes de ser aprobado; además se incorpora la obligación de todas las instituciones ejecutoras de informar periódicamente al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSC), y a las Comisiones de Hacienda y Especial de Presupuesto, y a la de Seguridad y Combate a la Narcoactividad. El CNSC realizaría auditoría externa.
Arena solicitó que se elaborara un Presupuesto Especial Extraordinario, lo cual se aceptó y se incorporó al decreto. Todos los pedidos de Arena estaban aceptados por la Comisión cuando el jueves 11 de mayo dijeron que antes de votar pedían una reunión bilateral con el FMLN. Entre el 11 y 18 esa reunión fue realizada, sin que la decisión de Arena desbloquease una trascendental acción legislativa de dotar de la capacidad al Ejecutivo de asegurar el financiamiento de las acciones requeridas para mantener y aumentar la acción contra la criminalidad que tanto necesita nuestro pueblo.
Los diputados y diputadas de PDC, PCN, GANA y FMLN no han dudado en ningún momento en apoyar la autorización solicitada por el Presidente. Arena ha dicho que duda, que quiere mecanismos de transparencia y se le han aceptado todos los pedidos. Todo se ha procurado conceder, menos poner la ejecución de fondos públicos en una entidad privada, que fue su primera solicitud.
El Presidente Sánchez Cerén está convencido de la necesidad de seguir adelante con esta batalla por la seguridad y la convivencia ciudadana.
Ha puesto en marcha y de modo acelerado la acción de todas las instituciones en la parte preventiva, y con razón pide al Ministro de Hacienda buscar los mecanismos financieros que aseguren la continuidad de estos planes.
No se puede justificar lo injustificable; los pretextos quedan al desnudo, como falta de voluntad para contribuir al combate que el Estado realiza contra las empresas del crimen. Si estas acciones son efectivas y el pueblo las comprende, le provocan esperanza, ¿Cómo es que no pueden ser apoyadas por ARENA?
Arena es necesaria para obtener los recursos, su actitud general a lo largo del primer año ha sido negarse a apoyar la inversión pública.
Era de esperar que al menos en este tema ese bloqueo fuera levantado para bien de la sociedad en su conjunto; más si su bloqueo persiste, es deber ineludible de quienes queremos avanzar para lograr la paz, asegurar otras vías de financiamiento. Está a la orden del día el examen de otras opciones.
