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Rebeca Pineda
@DiarioCoLatino
En 1993, después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aprueba la Ley de Amnistía que daba por hecho que no se podía juzgar a actores de violaciones y crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante los doce años de guerra civil. Sin embargo, en 2016 la CSJ, la deroga por considerarla contraria al derecho de acceso a justicia y reparación de víctimas de crímenes.
Este lunes la Comisión Política, invitó a diferentes organizaciones, para discutir la propuesta de ley denominada: “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”. Entre las organizaciones participó la Comisión Especial de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (UES), representada por la Msc. Sofía Zamora, oficial de Acceso a la Información Pública.
Según su punto de vista, ¿en que consiste esta ley de reconciliación nacional?
-Primero, confunde conceptos de la justicia transicional y restaurativa, presupone erradamente que la reconciliación parte de estos dos procesos distintos. También hay una cosa grave y es que todos los crímenes cometidos, en la década de 1970, quedarían en total impunidad porque el listado de crímenes, que se pretenden investigar, únicamente son del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992.
Otra cosa es que hay un principio de individualización de la responsabilidad y las cúpulas de los aparatos organizados de poder, que cometieron violaciones a derechos humanos, serían exonerados de cualquier culpa y de cualquier enjuiciamiento, significa que solo el autor material, es decir, aquel que se le encomendó una misión que implicó la violación de derechos humanos es el que quedaría juzgado, y no quien emitió las órdenes.
Otro aspecto es que no profundiza en las garantías del derecho a la verdad, solo el juez tendría acceso a aquella información.
Por otra parte, hablan de que estos archivos van a formar parte de una sección que se va a abrir en el Archivo General de la Nación, que podrían poner en un riesgo la conservación documental de la información, considerando que fue el mismo AGN, el que participó en un proceso de destrucción documental con el ministerio de la defensa.
La universidad forma parte de la mesa contra la impunidad en El Salvador, que trabajó una propuesta, que sí cuenta con iniciativa de ley y está formulada con base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que ha partido de un proceso de validación con víctimas que debe ser estudiada por el órgano del estado.
Podría compartirnos algunos de los estándares de esta iniciativa de ley propuesta por la mesa contra la impunidad
-Esta propuesta reconoce la dimensión individual y colectiva del derecho a la justicia. Reconoce el derecho a la reparación a personas naturales y jurídicas; también contempla la necesidad de evaluar el contexto en el que ocurrió el conflicto armado, es decir, que la década del 70 debería ser objeto de investigación, de juzgamiento y de aplicación, también del derecho a la verdad, eso hace que las víctimas universitarias de esa época sean reconocidas y sean sujetos de derecho en este aspecto.
Además, crea un comité de reparaciones que garantiza que los acervos documentales estén de acceso al público, que haya reconstrucción documental de aquella información y también la aplicación de responsabilidad penal por la destrucción documental.
Otra cosa es la participación permanente de las víctimas y de sus familiares en estos procesos, las garantías judiciales y las garantías del debido proceso, tanto para las víctimas como para los implicados o supuestamente cometedores de los delitos.
¿Qué opina de la forma en que los recibieron el día lunes y la manera en que se desarrolló esta discusión?
-Primero, enfatizamos en que fue un corto plazo, la invitación se notificó después de la hora hábil el día viernes, entonces en realidad solo se tuvo el fin de semana para poder hacer algún preparativo. Creemos que realmente veinte minutos es muy poco para algo tan complejo, como es la necesidad de romper la impunidad.
También creemos que en un sistema de derechos humanos y de garantías democráticas no se puede preguntar, a los generadores de impunidad, al respecto, si se mantiene la impunidad o no es realmente absurdo e inviable, porque ya se sabe qué tipo de respuesta se va a dar.
Esperamos que la comisión política establezca una metodología para la consulta, establezcan tiempo razonable y se retome como instrumento de discusión la propuesta de ley, que fue presentada por la mesa contra la impunidad, que se espera que sea un documento base.
Qué opina de la participación de asociaciones militares en la discusión y sobre los argumentos que presentaron
-Realmente eso lo debería responder el rector, pero como lo comentaba anteriormente, la sentencia y los estándares de derechos humanos están para víctimas. No se puede estar mezclando a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, con víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario que aplica para bandos en conflicto, entonces hay que distinguir estos procesos.
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