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Por Henry Morales AranaJohan Ordóñez
Ciudad de Guatemala/AFP
Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio indígena de San Juan Sacatepéquez, tadalafil al oeste de la capital, seek para evitar nuevos actos de violencia tras un choque armado que dejó 11 muertos el fin de semana por la construcción de una cementera.
Dos de los muertos fueron sepultados este lunes en un camposanto al que se llega por un camino de tierra rodeado de maizales. Ataviados con tradicionales vestimentas multicolores, there decenas de indígenas rompieron en llanto al despedir a los dos hombres que perdieron la vida en los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se extendieron hasta la mañana del sábado.
«Yo estaba en la capital cuando me avisaron de la muerte de mi hijo», dijo a periodistas José Dolores, padre de Juan Pajoc, una de las víctimas del choque.
Según Dolores, una persona vinculada a la cementera sería la responsable de haber disparado contra su hijo.
Para evitar nuevos brotes de violencia, el gobierno guatemalteco declaró este lunes un estado de prevención por 15 días y desplegó 1.200 policías y 1.000 soldados, según un boletín oficial, que coparon varios sectores del municipio, cuyos habitantes están enfrentados respecto a la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de cemento.
Por las calles de las aldeas de San Juan Sacatepéquez, ubicado a unos 30 km al oeste de la capital guatemalteca, circulaban en grupos los efectivos de las fuerzas de seguridad ante la mirada de los pobladores que en algunos casos mostraban temor.
Medios locales informaron que una discusión entre pobladores a favor y en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos, que dejaron 11 personas muertas, entre ellas seis miembros de una familia, varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados.
En San Juan Sacatepéquez «se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado», indicó el decreto del gobierno sobre el estado de prevención divulgado por el presidente Otto Pérez en las redes sociales.
Rechazan despliegue «represivo»
Mario Itzep, activista de la organización Observatorio Indígena, dijo a la AFP que la medida decretada por el gobierno solo lleva la intención de militarizar la zona y proteger los intereses empresariales y no a la población.
«No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para poder criminalizar a las comunidades» que se oponen a proyectos que atentan contra el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.
Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), explicó que medidas similares implementadas por el actual gobierno en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han logrado resolver los conflictos sociales.
El estado de prevención «le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez», aseguró el activista.
El viernes pasado Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible «derramamiento de sangre» en Guatemala por la conflictividad social que, según la organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en poblaciones que se oponen.
La cementera de la discordia
La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2017.
Desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.
José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del fin de semana que trabajadores de la empresa «han sido frecuentemente hostigados» por opositores al proyecto.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital.
Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó el estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar.
